lunes, 16 de agosto de 2010

Juventud y exclusión en El Salvador

El actual gobierno ha puesto en marcha dos proyectos que tienen como propósito soslayar la histórica exclusión económica y social del segmento más grueso de la población de nuestro país, este es, la juventud salvadoreña. No obstante, pienso que el carácter sistémico y estructural de la exclusión no puede ser abatido a través de programas parciales, aunque de ello no se parte que la ejecución de los programas deba ser dejada de lado.

Los dos proyectos antes dichos son la Ley de Juventud y la Política de Juventudes. Ambos se conciben de manera discursiva y, a mi modo de ver, incoherente e incompleta. Ciertamente, se necesitan instrumentos que permitan ir generando oportunidades para la juventud, en un contexto en que al menos estén aseguradas las condiciones materiales y culturales mínimas de participación social. Y es aquí donde cabe insertar una pregunta: ¿Es posible crear un ambiente de participación económica y social, basado en los principios de equidad y libertad, bajo un sistema que, de suyo, opera en la lógica de la exclusión? Creo que no.

La forma de desenvolvimiento de la sociedad mundial está determinada por el modus operandi del sistema capitalista. Este sistema tiene a la base los procesos de acumulación, concentración y centralización de la riqueza; los tres son, por naturaleza, procesos generadores de exclusión económica, social, cultural y política. En ese contexto, la única posibilidad de generar una estabilidad social es a través de una supremacía hegemónica que puede manifestarse en la creación de situaciones de inclusión condicionada (apertura política, mejoramiento de algunos indicadores económicos y sociales, etc.). Si el desenvolvimiento social se da, pues, bajo la lógica de la dominación (del sometimiento hegemónico), es difícil pensar en una inclusión que no esté condicionada por términos de clase y que, por tanto, no erradique la medula de la exclusión. Si, no obstante, dicha inclusión es efectiva tendrá a la base el sometimiento de los antes excluidos, y dicho sometimiento puede ser consciente o no. Y puede, también, ser resultado de una visión estratégica (por ejemplo, para ganar posiciones a través de un sometimiento tan sólo aparente) o no.

Las cuatro opciones pueden barajarse como hipótesis en el caso salvadoreño, dado lo cual habría que preguntarse ¿sabe la juventud salvadoreña lo que necesita? ¿o sabe, au contraire, lo que quiere? Me atrevería a decir que quizás ambas, pero, a la vez, ninguna. Hay que considerar que en el ideario de la juventud perviven los parámetros de una praxis fetichizada, de una negación que no se encuentra a sí misma.

Dije que ambas porque no es posible imaginar que el proceso de enajenación logre eliminar por completo las contradicciones materiales en las que perviven los jóvenes y su percepción de las mismas. Y dije que ninguna porque las necesidades y aspiraciones sólo aparecen bajo el prisma de lo privado y no de lo social, lo que, de suyo, inhibe la praxis política organizada.

Claro que hay excepciones. Pero, ¿no es la excepción lo que confirma la regla?

Pero vamos por pasos. La primera opción es la de una inclusión en el estado actual de cosas a través de un sometimiento, del cual la juventud estaría consciente. Esto exigiría que la juventud esté consciente de su situación desde una perspectiva política, lo cual no puede afirmarse ni mucho menos generalizarse. Esta opción me parece poco factible pues, aunque existe cierto consenso entre los jóvenes de su precariedad económica, no lo hay en lo referente a su exclusión política y cultural.

La segunda opción es la de una inclusión a través de un sometimiento en el proyecto hegemónico del cual la juventud no está consciente. Este, me parece, es un escenario factible si tomamos en cuenta que el sector tomado en cuenta para la formulación de los proyectos oficiales no han sido los políticamente organizados, sino los etariamente organizados; de ello se deduce que dichos proyectos carecerán de cualquier matiz de contrahegemonía en el plano más esencial, esto es, político y que por tanto no se podrá hablar de una inclusión integral. Por el contrario, dicha inclusión será insostenible y espuria, será cualquier cosa menos liberadora, será como un premio de segunda mano por haberse portado bien. Me parece la hipótesis más pertinente tomando en cuenta que las estadísticas muestran que la mayoría de los jóvenes es indiferente a participar en alguna organización político-social (lo que ya demuestra un acomodamiento y una inconsciencia casi colectiva). Según datos de Oxfam, tan sólo el 17.4% de los jóvenes entre 15 y 24 años participa en alguna organización y de estos, más del 65% se reparte entre organizaciones religiosas y deportivas. La superación de la praxis fetichizada sólo es posible a través de la organización política, la misma que presenta un bajo porcentaje (6.9%).

La tercera opción es la que se deriva de suponer que la juventud, consciente de su situación dentro de la sociedad salvadoreña, sabe qué quiere y qué necesita, pero cuyas aspiraciones se ven limitadas por carecer de los medios políticos necesarios para llevar a cabo las transformaciones necesarias. Luego, la formulación de una Ley y de una Política que mejoren –tanto más, tanto menos- su situación se visualizan como un escalón que no agota sus aspiraciones de largo plazo. Aquí vuelvo a la pregunta ¿sabe la juventud lo que necesita? Creo que no, pues si dicho sector estuviera consciente de sus necesidades reales se abrirían otros frentes de lucha contra el proyecto hegemónico.

La cuarta opción es suponer que la pretendida inclusión se da a la sombra de una juventud que sabe lo que quiere –que no es necesariamente lo que necesita-, y que, por tanto, la suma de sus requerimientos en nada favorece la escalada en un proyecto de inclusión integral y sostenible. Este escenario también puede ser bastante factible considerando el ideario de la juventud salvadoreña pero implicaría aceptar que la inclusión no será socialmente eficiente y no tocará los hilos medulares de la exclusión.

El problema central de los proyectos del gobierno actual es el hecho de que no busca romper la lógica en la que se desenvuelven los procesos generadores de exclusión.

Pensar que ésta es sólo etárea es un error, pues también posee carácter racial, político, ideológico, territorial, de género, de clase, etc. (un etcétera que, de otro lado, se queda muy corto). De ahí que para crear los cimientos de una inclusión etárea habría que romper las bases que crean la exclusión –en general- y que tienen carácter estructural. No puede hablarse de una inclusión económica si los mecanismos pensados son exenciones fiscales por primer empleo, ferias de trabajo, ampliación de la base industrial (si es que alguna existe), etc.; a ello habría que contraponer más bien la necesidad de eliminar la flexibilización en el mercado laboral, invertir en el desarrollo del sector agrícola (el mismo que facilita los mayores contingentes de migración interna y externa), universalizar la educación superior, centralizar en el aparato de Estado la operación de ciertas empresas productoras y prestadoras de bienes y servicios de consumo estratégico, etc.

Tampoco la inclusión socio-cultural es reductible a la eliminación de la pobreza y el mejoramiento del acceso a la educación. Para que la juventud se inserte en la participación social debe sustituirse el actual sistema educativo tanto en forma como en contenido. Por encima de la acumulación de conocimientos teóricos y técnicos debe fomentarse una educación liberadora, que ponga a la juventud –y luego, más allá, a la sociedad- en contacto con su aquí y ahora, que propicie la realización de los individuos como personas a través del fomento de todo su potencial creador y que enfoque el conocimiento desde una visión crítica, multicultural y renovadora.

Ahora bien, en el caso salvadoreño ningún proceso que propenda hacia la inclusión económica y social puede ser socialmente eficiente si no se desmantelan antes los mecanismos que deterioran y dificultan dicha inclusión, es decir, habría antes que abandonar la lógica desde la que se elaboran las políticas públicas en el país.

En el ámbito económico –que es el que conozco un poco- la exclusión tiene a la base la aplicación sistemática de políticas de apertura comercial –lo que ha desarticulado el aparato productivo nacional, creando desempleo y pobreza-, la reducción del tamaño y las responsabilidades del aparato de Estado –lo que dificulta el acceso de toda la población a ciertos bienes y servicios de consumo estratégico-, la flexibilización del mercado laboral sobre todo en el área de maquila –que ha configurado el escenario perfecto para la violación en masa de los derechos laborales-, el “sesgo financiero” del accionar empresarial –en detrimento de la producción y el empleo agrícola, que tiene como efecto inmediato el aumento de las migraciones y que además restringe el crédito hacia sectores de relevancia como las micro y pequeñas empresas.

Estos son, en líneas generales, los candados que no permiten acceder a una inclusión económica y social dentro de los parámetros del sistema. El proyecto de Ley de Juventudes los ignora todos. El bastión mediático para llevar a cabo los proyectos de la Ley sería la Dirección de Juventud –dirección, pues no se abandona la visión verticalista y de supeditación-, y los Centros Integrales de Desarrollo de la Juventud (CIDJ) como sus instancias operativas de base en cada departamento. Creo que hay un problema de desproporcionalidad entre los fines planteados, los mecanismos y las instancias ejecutoras, pues los CIDJ carecen de los recursos suficientes para llevar a cabo programas de cierto alcance.

Alguien preguntará si no es dogmatismo el hecho de pensar, a priori, que el gobierno no tiene interés en crear un verdadero camino hacia la inclusión de la juventud. Pero esto no lo digo apriorísticamente. Vale tan sólo ver la forma en que se ha conducido el gobierno hasta ahora. No hay un rompimiento, ni siquiera un viraje más o menos moderado, con respecto a la forma de hacer políticas públicas. Bajo la actual gestión se ha aprobado un acuerdo Stand – By con el FMI –que compromete el accionar del gobierno-, se ha seguido negociando el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea –más apertura comercial en un contexto de baja competitividad doméstica-, no se han revisado los salarios mínimos vigentes desde enero de 2009, sigue la ejecución de los megaproyectos de inversión sobre la cuenca alta del río Lempa –que comprometen la formulación de cualquier proyecto de sostenibilidad ambiental-, etc.

En resumen, es difícil pensar en que los instrumentos ideados por el gobierno actual logren dar salida a las necesidades más apremiantes de la sociedad en general y de los jóvenes en particular, y crear, así, las bases para una inclusión integral y sostenible. A más de un año de la gestión de Mauricio Funes, el camino recorrido muestra que no hay intenciones en el gobierno de caminar en una orientación distinta a la de los veinte años precedentes; eso, sin embargo, se erige como una opción insalvable si realmente se busca la instauración de un modelo económico y social que propicie el desarrollo de todos los sectores de la sociedad y que desmantele la lógica de exclusión actual. Para la juventud, el único camino posible si quiere desembarazarse de una ausencia de oportunidades económicas, sociales y culturales, es la organización política. Lo demás parte de ahí.

No hay comentarios: