jueves, 8 de septiembre de 2011

Dos expresiones de la discriminación: género y niñez


Alberto Quiñónez

Septiembre, 2011

Género

Según reconoce la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la plena igualdad tiene a la base modificar el papel tradicional que socialmente se atribuye a hombres y mujeres como sujetos diferenciados por su sexo. Esto se debe a que los estereotipos de género que sostienen la cultura occidental promueven de forma inherente la discriminación de las mujeres a través de la negación sistemática al acceso y control de recursos que le permitan gestar su propia autonomía.


Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sostiene que los Estados asumen, a partir de la ratificación del mismo, la obligación de adoptar las normas económicas y técnicas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas en el aspecto económico, asegurándoles una vida digna.


Pese a ello, sigue existiendo una gran incidencia de vulneraciones a los derechos de las mujeres sin que reciban atención y de las que, sobre todo, no se atacan las causas originarias. Según estadísticas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el 81.8% de la población atendida por alguna vulneración es del género femenino; sobresale el hecho de que el comportamiento de las vulneraciones por grupos de edad es inversamente decreciente en el caso de los hombres, es decir que mientras aumenta la edad las vulneraciones tienden a disminuir; en el caso de las mujeres la incidencia de vulneraciones tiende a “estacionarizarse”, es decir, para cualquier edad, las mujeres son igualmente propensas a sufrir algún tipo de vulneración (maltrato familiar, agresión sexual, entre otras).


Entre otras cosas es importante señalar que la desigualdad incide en elementos determinantes de su emancipación como las condiciones económicas prevalecientes para las mujeres. Según cálculos de Martínez[1], las mujeres tienen un salario promedio inferior en $77.3 en comparación con los hombres, el 70.7% de las mujeres asumen responsabilidades domésticas en contraste con apenas un 4.5% de parte de estos últimos. Por el contrario, el acceso de las mujeres a la propiedad de empresas y su tasa de participación laboral se presentan a la mitad del acceso o participación que tienen los hombres.


Es claro que dicha situación no sólo merece medidas paliativas de corto plazo ni medidas limitadas al campo económico, sino medidas estructurales que toquen y modifiquen la raíz de la desigualdad: el patriarcado. Para ello, la incidencia de las políticas públicas debe pensarse en torno a la forma específica en que el desenvolvimiento económico-social involucra a hombres y mujeres de manera diferenciada y legislar en orden a modificar esos patrones culturales que fomentan la exclusión y la desigualdad.


La cultura patriarcal erige a lo masculino como principio rector en lo social, cultural, político, económico; así, el patriarcado es un sistema de dominación que permea todos los ámbitos de la praxis humana, conformando un dominante (lo masculino) y un dominado (lo femenino). La dialéctica de las relaciones de género lleva a que la dominación y paulatina “destrucción” de una de sus partes, su negación en el plano de lo real, elimine a la otra. La negación de lo femenino como parte sustancial del desenvolvimiento biológico e histórico del ser humano, niega la posibilidad del desarrollo de la humanidad en su conjunto.


A pesar de que el patriarcado es una forma de dominación sui generis para el sometimiento de la mujer, su carácter dialéctico implica que su forma sistémica también ejerce –a través de la negación de lo femenino- una disminución de las potencialidades del hombre, pues le niega todo aquello que no forma parte del rol del género masculino socialmente establecido –expresión de los sentimientos, cuido de los hijos, entre otros.


Sin embargo, esa negación que en el plano de lo concreto es la discriminación de la mujer, es una de las contradicciones que de ser superadas coadyuvarán a la liberación de la humanidad. Una de las grandes luchas, pero no la única.


Niñez

El rol fundacional de la niñez que se entrevé en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), implicaría que niños y niñas sean a su vez que sujetos de derechos especiales –cuido, protección y garantía de desarrollo integral-, hacedores de su propio futuro a través de su participación plena y progresiva en la vida social. Desde 2010, con la entrada en vigencia parcial de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), el Estado salvadoreño asume como elemento prioritario de las políticas públicas el interés superior del niño y la niña, a través del principio de prioridad absoluta.


No obstante, instrumentos que se considerarían trascendentales en la gestión del sector público como el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD), carecen de un enfoque de niñez que promueva el pleno cumplimiento de los derechos de este sector de la población –el cual, cabe precisar, representa el 41% de la población total. De hecho, la niñez y la adolescencia son vistas sólo como receptáculos, como población colateral en la ejecución de políticas públicas.


Actualmente, las políticas sectoriales enfocadas a niñez se ven desvinculadas de las políticas macro y de medidas estructurales que condicionan la efectividad de las primeras al suponer el telón de fondo donde aquellas se desarrollan. En ese sentido, medidas como la disminución del déficit fiscal, la centralización de la recaudación tributaria sobre impuestos regresivos, la desregulación de mercados estratégicos, la apertura comercial en un contexto de baja competitividad, la ausencia de una política laboral clara, entre otras, inciden en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.


Aunque los efectos no son directos, estas medidas determinan el desenvolvimiento de los núcleos familiares –espacio cuyo rol fundamental en el cuido de la niña y el niño es reconocido por la LEPINA (art. 9)-, y al determinarlo crean el marco en el que las demás medidas inciden. Por ejemplo, la disminución del déficit fiscal a base de una reducción de los subsidios, incidirá en la capacidad adquisitiva de los hogares, deteriorando el acceso a bienes y servicios básicos como alimentos, medicinas, educación, salud, entre otros. Lo mismo sucede con la apertura comercial, que en El Salvador ha tenido un efecto sustancial sobre la disponibilidad y el precio de los alimentos, volviéndolos menos accesibles a las familias.


Estos elementos aparecen con el agravante de que las condiciones de los hogares son ya precarias de por sí, fruto de la exclusión que fomentaron las políticas económicas de los últimos veinte años. A manera de ejemplo, para 2009 la proporción de hogares que accedió a tortillas, pan francés y plato de desayuno disminuyó en promedio 6.7% con relación a 2008, según datos de DIGESTYC. Esta situación empeorará en el futuro próximo debido al encarecimiento de los precios de los alimentos a nivel internacional –única fuente de abastecimiento que nos queda, dada la desestructuración del aparato productivo agrícola salvadoreño-, y las políticas empobrecedoras que se están aplicando (más apertura comercial, focalización de subsidios, etc.).


La invisibilización de la niñez tiene su origen en el adultocentrismo, el cual –como en el patriarcado- crea un polo dominante, un patrón social de medida del desenvolvimiento y necesidades humanas. Este polo sería la población adulta, carente de necesidades de cuido y protección especial, por contrario a la niñez, el polo dominado, que por sus limitaciones prefigura un grupo vulnerable. No ver a la niñez como un grupo que requiere de atención especial para garantizar su desarrollo integral, supone crear las condiciones para que ese desarrollo se trunque, pues elimina cualquier intento para ejercer un cuido integral de la niñez.


También la problemática de niñez está relacionada con el género: a marzo de 2011, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) reporta que el 57.5% de la población atendida son niñas o adolescentes mujeres. La discriminación de la mujer comienza bien temprano, demasiado temprano como para permitirle desarrollar una conciencia de equidad, victimizándolas e introyectando en ellas una conciencia de seudo inferioridad.


Esta otra forma de discriminación, de negación, también socava las posibilidades del verdadero desarrollo. No puede haber desarrollo si no se garantiza el cuido y desarrollo integral de las nuevas generaciones, si la mayor parte de la población tiene insatisfechas sus necesidades vitales, sin ningún tipo de participación en la sociedad y siendo sistemáticamente vulnerada en sus derechos fundamentales.


La discriminación como fenómeno político

Se considera muchas veces que los discursos y acciones sobre inclusión y reivindicación de clase, es decir, la emancipación política, es neutral con respecto al género. Otras veces se argumenta que estos enfoques tergiversan la lucha, los fines reivindicativos más urgentes, la lucha anticapitalista, y que por tanto sirven de freno o de mecanismo de división de clase.


Sin embargo, no se busca que la lucha se divida, sino más bien que se integre. La liberación humana no es posible reducirla al ámbito de lo económico; la discriminación de la que las mujeres han sido víctimas es necesario erradicarla y para ello es necesaria una lucha política. Tampoco se puede dejar fuera la sostenibilidad de una reivindicación por un mundo mejor, si los hacedores de futuro son vulnerados en sus derechos fundamentales.


Estas reivindicaciones no pueden realizarse en el marco de las relaciones capitalistas de producción, sencillamente debido a que el capitalismo es de suyo un sistema excluyente, que saquea a las grandes mayorías –cada vez más y cada vez mediante nuevas formas- a favor de un grupo cada vez menor de personas. ¿Cómo va a darse más oportunidades a las mujeres, más acceso a bienes fundamentales a la niñez, si estos son apropiados por un número cada día más reducido de individuos? Por ello, paralelamente a que debe exigirse la garantía y el cumplimiento de los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, debe emprenderse una lucha por desconcentrar y descentralizar la riqueza.


El capitalismo promueve un “crecimiento vulnerador”, esto es, un proceso de acumulación de riqueza –en sus distintas formas- que destruye a la humanidad y a la naturaleza a través de los procesos de explotación y expropiación de sus facultades biológicas e históricas. Es necesario erradicar esa lógica de vulneración inherente, estructural, desde sus raíces: la división de clases de la sociedad capitalista.



[1] Martínez, Evelyn. “Capitalismo y patriarcado: la doble desigualdad de la mujer”. San Salvador, 2011.

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