jueves, 8 de diciembre de 2011

Niñez y neoliberalismo en El Salvador

También publicado en Revista Pueblos (acá) y en rebelion.org (aquí), orignalmente escrito para el boletín Apuntes de Economía Crítica de la Asociación de Estudiantes de Economía

En 1990, el Estado salvadoreño ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) casi de forma paralela a la puesta en ejecución de las medidas de ajuste estructural que darían forma y vida al modelo neoliberal. Ambas medidas son entre sí contradictorias: las medidas de ajuste, en el enfoque del Fondo Monetario Internacional (FMI), propiciaron la desvalorización de la fuerza de trabajo y, por tanto, el empobrecimiento de miles de hogares, núcleo primario de cuido y desarrollo de la niñez.

Hay que hacer énfasis en ese carácter contradictorio pues el reconocimiento de la naturaleza de la CDN implica la creación de condiciones que garanticen la inclusión económica y social de las familias y de niñas, niños y adolescentes, de forma particular, contrario a la pretensión del patrón neoliberal que busca re-viabilizar la acumulación capitalista a escala mundial a base de la precarización de la clase trabajadora y, por tanto, de la exclusión de sectores crecientes de la sociedad.

Las políticas económicas derivadas de las pautas del Consenso de Washington (CW), comienzan a identificarse en el plan de gobierno de Alfredo Cristiani (1989 – 1994) y en las propuestas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), donde se plantea, entre otras cosas, una reconceptualización del Estado, el cual “debe asumir un papel subsidiario en la sociedad” [1].

La línea ideológica engendrada por el CW, cuya expresión concreta fue el ajuste estructural y la orientación subsidiaria del Estado, significó reestructurar el sistema tributario, abrir y liberalizar los flujos de comercio exterior, desregular las inversiones extranjeras, solidificar el modelo de flexibilización laboral, entre otras cosas.

Todas estas políticas tenían como objetivo la disminución de las responsabilidades estatales, con lo que se coartaba la posibilidad de que éste interviniera en funciones estratégicas de la sociedad para garantizar los derechos de la niñez. Sin embargo, como la vulneración de los derechos era vista como una atipicidad, o más bien, como un fenómeno ajeno al sistema económico prevalente, el Estado debía asumir el rol de protector sui generis, de agente paternalista, focalizado a esas atenciones ajenas al mercado. Esa visión del Estado contradice de suyo a la que implícitamente subyace a la CDN, más enfocada en la Doctrina de la Protección Integral (DPI) y que, entre otras cosas, supone que niños y niñas son sujetos de derechos y con prioridad absoluta en la elaboración e implementación de las políticas públicas. La prioridad absoluta implica, además, el fortalecimiento del aparato de Estado pues sólo de esa forma se garantiza que el desenvolvimiento económico logre traducirse en el desarrollo e inserción plena de la niñez y la adolescencia en la vida social.

Más allá de la visión paternalista del Estado engendrada por la ideología neoliberal, las políticas de ésta derivadas han sido eminentemente vulneradoras de los derechos humanos en general y de los derechos de la niñez y de la adolescencia en particular. A más de dos décadas de políticas neoliberales, la situación económica, social y cultural de millones de hogares va en claro detrimento.

Tal como permiten visualizar los indicadores recogidos en el Cuadro 1, a pesar del encarecimiento progresivo de los bienes mínimos para satisfacer las necesidades de los hogares, los salarios, tanto a nivel urbano como rural, han aumentado de forma mínima o se han reducido. La tasa de desempleo ha permanecido casi estable, mientras el subempleo –que expresa la situación real de exclusión del aparato productivo capitalista- ha aumentado de forma considerable en los últimos años.

A pesar de que la pobreza –medida por el método de la pobreza del ingreso, que esconde otras privaciones importantes como el acceso real a educación, salud o cultura- ha disminuido en casi 22 puntos porcentuales desde 1991, hay que tener muy en cuenta el papel que en este fenómeno han tenido los flujos migratorios crecientes y el ingreso familiar que significa la percepción de remesas provenientes del extranjero.

Cuadro 1: Indicadores de precarización de los hogares, El Salvador 1991 – 2009

Variables

1991

2000

2009

Salario real urbano (US$)

87.9

88.3

89.4

Salario real rural (US$)

48.6

45.4

44.6

Canasta Básica Urbana (US$)

n. d.

127.3

169.3

Canasta Básica Rural (US$)

n. d.

97.7

122.3

Tasa de pobreza (%)

59.7

38.8

37.8

Tasa de subempleo (%)

31.9

26.4

36.6

Tasa de desempleo (%)

n. d.

7.0

7.3

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIGESTYC y BCR.

En este contexto, el modelo económico prevaleciente vulnera el acceso de las personas a una vida digna: precariza la calidad y el acceso a alimentos adecuados, agua y medicamentos, vivienda, servicios de salud y educación, entre otros. En el caso de la niñez, dicho acceso es doblemente negado debido al modelo económico y a elementos socio-culturales como el patriarcado y el adultocentrismo, que minan la participación de niñas y niños en la vida de su sociedad.

Sin embargo, revisar las estadísticas sobre vulneración de los derechos de la niñez supone algunos problemas: primero, la información de los sistemas estadísticos nacionales no permite ver, en algunos casos, las causas originarias de la atención a niñez, lo cual se ve acentuado por la heterogeneidad con que las instituciones del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) registran la información de niñez; segundo, la reconceptualización de algunos sistemas estadísticos a partir de la DPI hace no comparables las estadísticas de –digamos- hace 10, 15 años, con las que se generan actualmente; tercero, dentro de los sistemas estadísticos nacionales aún quedan poco visibles las vulneraciones que atañen más a colectivos que a individuos, es decir, la vulneración de los llamados “derechos difusos”.

El Gráfico 1 recoge los casos registrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), sobre niñez maltratada, como variable proxy de las vulneraciones de la niñez y la adolescencia. Dicho registro permite ver que existe una tendencia a que las vulneraciones debido a maltrato se acentúen, lo que en parte muestra la inoperancia del sistema de protección para garantizar los derechos de la niñez.

Gráfico 1: Niñas, niños y adolescentes maltratados atendidos por ISDEMU, 2002 – 2009

Fuente: Elaboración propia en base a información de ISDEMU.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), tanto las instituciones públicas como la misma sociedad civil están obligadas a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de un enfoque de protección integral (principio de corresponsabilidad). El artículo 14 de dicha ley, plantea como uno de sus principios rectores la prioridad absoluta de niñas, niños y adolescentes “mediante su preferente consideración en las políticas públicas”.

Sin embargo, creemos necesario resaltar nuevamente la contradicción que se da en el plano de lo real entre la legislación y la política económica. A pesar de que la CDN entró en vigencia en los primeros años de la década de los noventa, las políticas llevadas a cabo por el Estado salvadoreño en toda esa década deterioraron la situación real de la niñez y la adolescencia. En el momento actual, la coherencia entre la LEPINA y las políticas llevadas a cabo desde el órgano ejecutivo es bastante cuestionable; muchas de las medidas que se están aplicando en el tema fiscal, comercial y laboral, se enmarcan en la profundización del modelo neoliberal que históricamente ha precarizado la situación económica de los hogares, creando el contexto idóneo para la vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Aún más: el Estado salvadoreño está “amarrado” a llevar a cabo esas medidas de política a partir de los compromisos asumidos como contraparte de los préstamos precautorios (Acuerdos Stand – By) contratados con el FMI en marzo de 2010, y que responden a la misma lógica neoliberal que se había venido aplicando en el país en los últimos veinte años [2].

¿Asistimos a una nueva contradicción entre legislación, discurso y políticas públicas? Probablemente, sí. Pero en tanto histórico este fenómeno puede dar mucho de sí, si es superado; y en tanto político nos compete, por nuestros niños y niñas, a todos y a todas.


Notas:

[1] FUSADES. Hacia una economía de mercado en El Salvador: bases para una nueva estrategia de desarrollo económico y social. FUSADES-DEES. 1989. Pág. 3.

[2] Dicho acuerdo plantea, entre otras cosas, la reforma del sistema de subsidios, el logro de ciertas metas fiscales y macroeconómicas, la aprobación de leyes de supervisión financiera y de fondos de inversión, entre otros. Ver: FMI. Request for a Stand-By arrangement and cancellation of current arrangement. FMI. Pág. 20.

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