martes, 20 de septiembre de 2011

Carta a Sergio Rodríguez Ávila

Estimado –pero no tanto- Sergio Rodríguez,


Con un poco de sorpresa leí la carta que el día de ayer les enviaste a los empresarios salvadoreños, de forma abierta, a través de un periódico local. Digo con sorpresa para no mencionar la sensación de desagrado político y de repulsa académica que me nace al leer tus líneas. Te aclaro que no es un desagrado por la redacción –bastante mala, por cierto-, ni por la visión ideológica, que ciertamente tampoco comparto.


Como vas a pensar que es algo personal, te aclaro que no ataco a tu persona sino a tus argumentos. Hablas sobre cosas de las que me doy por aludido, por las que me siento casi obligado a responderte. En cuestiones de economía creo que hay que ser sincero hasta la médula, saber qué y por qué se dicen las cosas, o callarse. Un adagio popular dice que es mejor mantener la boca cerrada y no demostrar que se es tonto, lo que para muchos sería muy recomendable; hay siempre muchas por decir sobre la economía, el problema es no ver que lo central supera lo económico, trasciende a las necesidades concretas de la sociedad.


En tu carta sostienes básicamente tres cosas: la incapacidad del FMLN para gobernar el país, la necesidad de que el empresariado se empodere y haga algo por El Salvador y, finalmente, la vinculación que debe existir entre empresa privada y juventud. Con respecto a estas tres ideas quiero hacerte, igualmente, tres aclaraciones. Sinceramente, espero que te ayuden a tener una visión más cabal de lo que es la realidad económica salvadoreña.


Primera aclaración: Concuerdo con que el gobierno está haciendo mal las cosas. Es más, quizá las ha hecho peor que los gobiernos anteriores. Sin embargo, la migración de capitales encuentra su explicación en la baja competitividad de la economía salvadoreña, determinada a su vez por la ausencia de una fuerza de trabajo cualificada, la nula inversión en tecnología –donde podría aportar sustancialmente el sector privado, y no lo hace-, la elevada incidencia del desempleo y del subempleo, que permite mantener bajos salarios, los cuales a su vez explican una baja productividad del trabajo. Esa baja competitividad también tiene a la base la escasa o nula articulación intersectorial, que permite que la rentabilidad de unos sectores –como el sector financiero, cuyas ganancias cada vez más salen a borbotones del país –no animen la actividad económica de otros sectores –como el agrícola o la pequeña empresa.


El sector agrícola es particularmente notable. La desconexión con los demás componentes del aparato económico –agroindustria, manufactura, comercio y servicios- llevó a que el sector base de la economía de exportación, principal fuente de divisas hasta la década de los ochenta, colapsara. En ese entramado, la dependencia del sector externo en esferas como el aprovisionamiento de alimentos y materias primas se ha ido agudizando, lo que no deja despegar tampoco a la industria, ni garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad, sin modificación genética, con precios bajos, sin necesidad de importarlos. Esta situación se ha agravado a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), en 2006, cuando la administración del aparato estatal estaba en manos de Antonio Saca, empresario radial.


Hasta qué punto la situación de crisis internacional ha influido, condicionando, la gestión de la cosa pública en nuestro país en los dos últimos años, es aún incierto. Pero creo que es algo que no puede dejarse de lado, incluso teniendo mala fe contra el gobierno actual. Y esto porque la vinculación del país con el resto del mundo es cada vez mayor, básicamente a través de dos factores: a) la entrada de remesas de los trabajadores salvadoreños en el resto del mundo, principalmente en los Estados Unidos; b) la salida neta de recursos que significa la repatriación de ganancias de las empresas extranjeras radicadas en suelo salvadoreño. Es decir: la situación actual, aun considerando la incompetencia del gobierno de Funes, debe verse a la luz de la crisis internacional, cuyos efectos se transmiten a El Salvador debido a los canales abiertos en la historia reciente: liberalización, precarización del empleo, apertura comercial, etc.


En ambos casos el gobierno ha pecado; ha pecado al no regular un sector estratégico: la banca. Primero, porque importantes contingentes de recursos monetarios podrían destinarse a proyectos productivos de las mismas familias que reciben remesas, o ayudando a financiar proyectos públicos. Segundo, está ausente la imposición fiscal sobre transacciones financieras –algo que incluso la Unión Europea, ya está haciendo-, que podrían ayudar a financiar las políticas económicas y sociales y contribuir a sanear las finanzas públicas. Con eso no se le quita nada al empresario nacional, recordemos que la banca casi culmina su proceso de extranjerización en 2007.


Por cierto, achacar dicha incapacidad a la retorcida moral y corrupción de los miembros del partido es olvidar que casos similares, e incluso más agudos, se dieron en el pasado. Ahí quedan para la historia los nombres de Carlos Perla, Reynerio Flores Lazo, William Eliú Martínez, miembros de partidos de derecha, hombres de confianza de sus líderes o empresarios que estafaron al Estado o utilizaron sus posiciones políticas para hacer negocios ilícitos.


Segunda aclaración: Ningún país del mundo –pero sí sabes de alguno espero que me lo digas- ha logrado desarrollarse a base de empresa privada. Dije desarrollo, que es una palabra grande. Pero digamos para no ponernos exigentes: “crecimiento”. Ningún país del mundo ha logrado mantener tasas de crecimiento sostenidas a través de un modelo de libre empresa. Hay quien menciona al Sudeste Asiático como paradigma, pero según lo demuestran numerosos estudios de CEPAL, la estrategia asiática de liberalización y atracción de inversiones tuvo en paralelo el fortalecimiento del aparato estatal, que exigía requisitos de desempeño (transferencia de tecnología, consumo nacional básico, entre otras) y tasas nada pequeñas de impuestos a las empresas.


Pero recapitulemos un poco: durante los últimos veinte años El Salvador fue gobernado por un partido de empresarios, ARENA, que instituyó a partir de 1989 los paquetes neoliberales contenidos en los Programas de Ajuste Estructural y Estabilización Económica (PAE/PEE). Estos paquetes planteaban, entre otras cosas, el recorte de la intervención estatal en la economía, lo que se lograba a través de dos vías: por un lado, desmontar la retracción de impuestos a través de una simplificación y centralización tributaria, que disminuía la “presión negativa” que los impuestos generaban sobre la inversión; y, por otro, la disminución del gasto público para liberar recursos financieros que incentivarían la iniciativa privada.


Aunque este fue un modelo aplicado casi bajo el mismo molde en toda América Latina, en el caso salvadoreño se concretó a partir de: a) la instauración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que sustituyó a los timbres fiscales; b) la reducción de los presupuestos, que buscaba equilibrar la balanza de pagos, c) la reestructuración del presupuesto, buscando limar las responsabilidades del Estado, y d) la liberalización de las inversiones y la apertura económica, en el supuesto de que dichos elementos atraerían la inversión extranjera.


A pesar de la aplicación de estas medidas, que le servían de pivote al sector empresarial, éste nunca despegó. Dicha situación se debió en primer término a Y no mejoró a pesar de la subasta, a precio de regalo, de importantes activos del Estado (como la distribución de energía eléctrica y las telecomunicaciones), a pesar de la fijación del tipo de cambio y la eliminación del riesgo cambiario a partir de la entrada en vigencia de lo que se llamó, eufemísticamente, Ley de Integración Monetaria y que en rigor no fue más que la dolarización de la economía; no mejoró a pesar de la desregulación del mercado de trabajo, expresado en la casi nula vigilancia de las leyes laborales básicas y la rigidez de los salarios incluso en contextos de inflación sostenida; no mejoró a pesar de que el consumo ha venido inflándose cada vez más como proporción del PIB.


En el plano macroeconómico, la ausencia de inversión y la orientación que tuvo la misma (sector comercial y financiero, contrario al fortalecimiento de la producción directa en industria o agricultura) mantuvo anclado al país, presentándose así una tendencia decreciente de la tasa de crecimiento del PIB. Dicha tasa no alcanza el 3% anual promedio desde 1994, año en que asumió la presidencia Calderón Sol, también empresario.


En resumen: un gobierno empresarial que no ayudó para nada al país. Y fue por veinte años ¿a esos empresarios les estás pidiendo pensar en el país, y que “por favor no se den por vencidos, continúen luchando”?


Tercera aclaración: La vinculación entre la juventud y la empresa privada me parece un tema aun sin agotar. La evidencia muestra que el sistema de libre empresa no permite la solidaridad entre distintos productores individuales. El ansia de lucro, la plétora del capital, no permite que las ganancias de una empresa pasen por voluntad propia a conformar el capital de otra empresa. Muy por el contrario, la competencia consiste precisamente en la apropiación de ganancias a través de ganar la “lucha competitiva”, lo cual se logra por distintas vías.


En El Salvador, esa lucha competitiva la han ganado los grandes y la han ganado a través de la expropiación paulatina de los recursos sociales. Es una lucha que empezó desde los albores del Estado salvadoreño, allá por 1840 con la llegada al poder de los gobiernos liberales, que expropiaron las tierras comunales y ejidales de las comunidades indígenas. Hay antecedentes más recientes: en 1990 la reprivatización de la banca fue un proceso amañado que concentró la propiedad de los bancos en una decena de familias, que se han venido beneficiando por las mismas características del modelo neoliberal.


En términos más concretos, la lucha competitiva se ha expresado en la concentración del poder económico en un manojo de empresas, cuyo efecto mediato ha sido el desplazamiento de miles de trabajadores al subempleo. La empresa privada, esa que tú dices ser la fábrica verdadera de empleos, carece de una visión nacional en la que los trabajadores, sujetos de derechos inalienables reconocidos por el Estado salvadoreño, no tienen cabida sino como meros instrumentos. ¿Hay alguna evidencia? Sí, la hay. El año pasado, y en junio del presente, la Cámara de la Industria Textil (CAMTEX) elevó al Ministerio de Trabajo una propuesta para que las trabajadoras de la maquila trabajaran 12 horas diarias durante tres días y descansaran los tres siguientes. 12 horas diarias, además de estar contra toda la legislación nacional e internacional vigente, carece del más mínimo grado de coherencia con los principios de la ingeniería industrial y la organización de los procesos productivos: está demostrado que el rendimiento del trabajador comienza a decrecer significativamente después de 8 horas de trabajo, debido a las características propias del desgaste físico y mental de los y las trabajadoras.


Qué papel podría tener la juventud en tales empresas. Obviamente el papel de objetos. Podrías sostener que la vinculación que propones está ligada más a la responsabilidad social empresarial, donde esas grandes empresas sirvan de palanca a proyectos sociales juveniles. Sin embargo, pienso en Gandhi y en sus palabras: “Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro”. Mientras los grandes empresarios explotan a las trabajadoras de sus maquilas, ¿vamos a ser los y las jóvenes el agua donde estos Pilatos se laven las manos? ¿No nos estamos quedando, más que en un papel neutro, en jugar a ser Judas cerrando los ojos ante la violación de los derechos laborales, comprados por el respaldo, entre otras cosas irrisorio, de proyectitos sociales sin mayor alcance?


No sé si sea necesario explicarte más, pero a todas las luces la empresa privada salvadoreña carece de los elementos mínimos –políticos e intelectuales- para convertirse en la rectora del devenir económico y social del país. Te pregunto, con la esperanza de que tu respuesta sea una negativa ¿es esa la empresa a la que estás alentando?


Claro que existe un paradigma de sociedad donde las empresas lejos de competir entre ellas, convergen en un fin común. Pero ese paradigma no está en el ideario de la gran empresa salvadoreña. No, no es el socialismo, como quizás imaginarás. El paradigma es el de la sociedad solidaria, un paradigma que pese a toda traba política y económica es una realidad en marcha, cada día más sólida, de mayor espectro.


Para no tener una mala impresión de tu persona, y no sólo de tu academicismo, asumiré que tu carta era un sarcasmo. De hecho, un sarcasmo con una dosis bastante grande de tristeza, conociendo la falta de visión de la empresa privada nacional. Lastimosamente, esta que yo te envío está lejos de ser una ironía.


Atentamente, pero no tanto,


Alberto.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Dos expresiones de la discriminación: género y niñez


Alberto Quiñónez

Septiembre, 2011

Género

Según reconoce la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la plena igualdad tiene a la base modificar el papel tradicional que socialmente se atribuye a hombres y mujeres como sujetos diferenciados por su sexo. Esto se debe a que los estereotipos de género que sostienen la cultura occidental promueven de forma inherente la discriminación de las mujeres a través de la negación sistemática al acceso y control de recursos que le permitan gestar su propia autonomía.


Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sostiene que los Estados asumen, a partir de la ratificación del mismo, la obligación de adoptar las normas económicas y técnicas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas en el aspecto económico, asegurándoles una vida digna.


Pese a ello, sigue existiendo una gran incidencia de vulneraciones a los derechos de las mujeres sin que reciban atención y de las que, sobre todo, no se atacan las causas originarias. Según estadísticas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el 81.8% de la población atendida por alguna vulneración es del género femenino; sobresale el hecho de que el comportamiento de las vulneraciones por grupos de edad es inversamente decreciente en el caso de los hombres, es decir que mientras aumenta la edad las vulneraciones tienden a disminuir; en el caso de las mujeres la incidencia de vulneraciones tiende a “estacionarizarse”, es decir, para cualquier edad, las mujeres son igualmente propensas a sufrir algún tipo de vulneración (maltrato familiar, agresión sexual, entre otras).


Entre otras cosas es importante señalar que la desigualdad incide en elementos determinantes de su emancipación como las condiciones económicas prevalecientes para las mujeres. Según cálculos de Martínez[1], las mujeres tienen un salario promedio inferior en $77.3 en comparación con los hombres, el 70.7% de las mujeres asumen responsabilidades domésticas en contraste con apenas un 4.5% de parte de estos últimos. Por el contrario, el acceso de las mujeres a la propiedad de empresas y su tasa de participación laboral se presentan a la mitad del acceso o participación que tienen los hombres.


Es claro que dicha situación no sólo merece medidas paliativas de corto plazo ni medidas limitadas al campo económico, sino medidas estructurales que toquen y modifiquen la raíz de la desigualdad: el patriarcado. Para ello, la incidencia de las políticas públicas debe pensarse en torno a la forma específica en que el desenvolvimiento económico-social involucra a hombres y mujeres de manera diferenciada y legislar en orden a modificar esos patrones culturales que fomentan la exclusión y la desigualdad.


La cultura patriarcal erige a lo masculino como principio rector en lo social, cultural, político, económico; así, el patriarcado es un sistema de dominación que permea todos los ámbitos de la praxis humana, conformando un dominante (lo masculino) y un dominado (lo femenino). La dialéctica de las relaciones de género lleva a que la dominación y paulatina “destrucción” de una de sus partes, su negación en el plano de lo real, elimine a la otra. La negación de lo femenino como parte sustancial del desenvolvimiento biológico e histórico del ser humano, niega la posibilidad del desarrollo de la humanidad en su conjunto.


A pesar de que el patriarcado es una forma de dominación sui generis para el sometimiento de la mujer, su carácter dialéctico implica que su forma sistémica también ejerce –a través de la negación de lo femenino- una disminución de las potencialidades del hombre, pues le niega todo aquello que no forma parte del rol del género masculino socialmente establecido –expresión de los sentimientos, cuido de los hijos, entre otros.


Sin embargo, esa negación que en el plano de lo concreto es la discriminación de la mujer, es una de las contradicciones que de ser superadas coadyuvarán a la liberación de la humanidad. Una de las grandes luchas, pero no la única.


Niñez

El rol fundacional de la niñez que se entrevé en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), implicaría que niños y niñas sean a su vez que sujetos de derechos especiales –cuido, protección y garantía de desarrollo integral-, hacedores de su propio futuro a través de su participación plena y progresiva en la vida social. Desde 2010, con la entrada en vigencia parcial de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), el Estado salvadoreño asume como elemento prioritario de las políticas públicas el interés superior del niño y la niña, a través del principio de prioridad absoluta.


No obstante, instrumentos que se considerarían trascendentales en la gestión del sector público como el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD), carecen de un enfoque de niñez que promueva el pleno cumplimiento de los derechos de este sector de la población –el cual, cabe precisar, representa el 41% de la población total. De hecho, la niñez y la adolescencia son vistas sólo como receptáculos, como población colateral en la ejecución de políticas públicas.


Actualmente, las políticas sectoriales enfocadas a niñez se ven desvinculadas de las políticas macro y de medidas estructurales que condicionan la efectividad de las primeras al suponer el telón de fondo donde aquellas se desarrollan. En ese sentido, medidas como la disminución del déficit fiscal, la centralización de la recaudación tributaria sobre impuestos regresivos, la desregulación de mercados estratégicos, la apertura comercial en un contexto de baja competitividad, la ausencia de una política laboral clara, entre otras, inciden en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.


Aunque los efectos no son directos, estas medidas determinan el desenvolvimiento de los núcleos familiares –espacio cuyo rol fundamental en el cuido de la niña y el niño es reconocido por la LEPINA (art. 9)-, y al determinarlo crean el marco en el que las demás medidas inciden. Por ejemplo, la disminución del déficit fiscal a base de una reducción de los subsidios, incidirá en la capacidad adquisitiva de los hogares, deteriorando el acceso a bienes y servicios básicos como alimentos, medicinas, educación, salud, entre otros. Lo mismo sucede con la apertura comercial, que en El Salvador ha tenido un efecto sustancial sobre la disponibilidad y el precio de los alimentos, volviéndolos menos accesibles a las familias.


Estos elementos aparecen con el agravante de que las condiciones de los hogares son ya precarias de por sí, fruto de la exclusión que fomentaron las políticas económicas de los últimos veinte años. A manera de ejemplo, para 2009 la proporción de hogares que accedió a tortillas, pan francés y plato de desayuno disminuyó en promedio 6.7% con relación a 2008, según datos de DIGESTYC. Esta situación empeorará en el futuro próximo debido al encarecimiento de los precios de los alimentos a nivel internacional –única fuente de abastecimiento que nos queda, dada la desestructuración del aparato productivo agrícola salvadoreño-, y las políticas empobrecedoras que se están aplicando (más apertura comercial, focalización de subsidios, etc.).


La invisibilización de la niñez tiene su origen en el adultocentrismo, el cual –como en el patriarcado- crea un polo dominante, un patrón social de medida del desenvolvimiento y necesidades humanas. Este polo sería la población adulta, carente de necesidades de cuido y protección especial, por contrario a la niñez, el polo dominado, que por sus limitaciones prefigura un grupo vulnerable. No ver a la niñez como un grupo que requiere de atención especial para garantizar su desarrollo integral, supone crear las condiciones para que ese desarrollo se trunque, pues elimina cualquier intento para ejercer un cuido integral de la niñez.


También la problemática de niñez está relacionada con el género: a marzo de 2011, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) reporta que el 57.5% de la población atendida son niñas o adolescentes mujeres. La discriminación de la mujer comienza bien temprano, demasiado temprano como para permitirle desarrollar una conciencia de equidad, victimizándolas e introyectando en ellas una conciencia de seudo inferioridad.


Esta otra forma de discriminación, de negación, también socava las posibilidades del verdadero desarrollo. No puede haber desarrollo si no se garantiza el cuido y desarrollo integral de las nuevas generaciones, si la mayor parte de la población tiene insatisfechas sus necesidades vitales, sin ningún tipo de participación en la sociedad y siendo sistemáticamente vulnerada en sus derechos fundamentales.


La discriminación como fenómeno político

Se considera muchas veces que los discursos y acciones sobre inclusión y reivindicación de clase, es decir, la emancipación política, es neutral con respecto al género. Otras veces se argumenta que estos enfoques tergiversan la lucha, los fines reivindicativos más urgentes, la lucha anticapitalista, y que por tanto sirven de freno o de mecanismo de división de clase.


Sin embargo, no se busca que la lucha se divida, sino más bien que se integre. La liberación humana no es posible reducirla al ámbito de lo económico; la discriminación de la que las mujeres han sido víctimas es necesario erradicarla y para ello es necesaria una lucha política. Tampoco se puede dejar fuera la sostenibilidad de una reivindicación por un mundo mejor, si los hacedores de futuro son vulnerados en sus derechos fundamentales.


Estas reivindicaciones no pueden realizarse en el marco de las relaciones capitalistas de producción, sencillamente debido a que el capitalismo es de suyo un sistema excluyente, que saquea a las grandes mayorías –cada vez más y cada vez mediante nuevas formas- a favor de un grupo cada vez menor de personas. ¿Cómo va a darse más oportunidades a las mujeres, más acceso a bienes fundamentales a la niñez, si estos son apropiados por un número cada día más reducido de individuos? Por ello, paralelamente a que debe exigirse la garantía y el cumplimiento de los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, debe emprenderse una lucha por desconcentrar y descentralizar la riqueza.


El capitalismo promueve un “crecimiento vulnerador”, esto es, un proceso de acumulación de riqueza –en sus distintas formas- que destruye a la humanidad y a la naturaleza a través de los procesos de explotación y expropiación de sus facultades biológicas e históricas. Es necesario erradicar esa lógica de vulneración inherente, estructural, desde sus raíces: la división de clases de la sociedad capitalista.



[1] Martínez, Evelyn. “Capitalismo y patriarcado: la doble desigualdad de la mujer”. San Salvador, 2011.