jueves, 15 de diciembre de 2011

Respuesta a Javier Simán, presidente de la ASI

Vamos por puntos. Primero, quién haya hecho la primera iniciativa para una ley de primer empleo no deja de ser espurio. Si fue el FMLN, la ASI, la ANEP, la UES o la NBA poco importa. Importa que a pesar de ser un documento de discusión legislativa tenga falencias estructurales y que esté lejos de solventar la preocupante situación del empleo de los jóvenes. En lo personal, no me extrañaría que una propuesta como la del frente valiera tan poco: así ha sido, hasta hoy, la gestión de su política económica y social. Así ha sido de pobre, además, la implementación de una verdadera política progresista.

Segundo, cualquier puesto de trabajo creado en el país debería corresponder con los principios legales que sostiene el Código de Trabajo, pero ante todo con las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, en la práctica la empresa privada no cumple muchos de los requisitos mínimos en materia de regulación laboral. Hay violaciones expresas a los derechos de las y los trabajadores. Un caso trascendental es el de las empleadas de las maquilas, que no pueden salir embarazadas porque les está prohibido, que reciben sueldos de miseria por una jornada cercana a las 12 horas; Súper Selectos, otra gran empresa, nunca respondió por el asesinato de Karen Yamileth Cordero Quintanilla en sus instalaciones de Mejicanos. Muchas medianas empresas someten a sus trabajadores y trabajadoras a regímenes inhumanos de trabajo (jornadas de 12 horas, prestaciones laborales precarias, sin seguridad social, etc.); en 2009, más de 260 trabajadores de Industrias Bonaventura fueron despedidos, incluyendo a todos los miembros y miembras del sindicato de la empresa, etc., etc…

Además, ¿sabe usted cuanto cuesta la canasta básica alimentaria en nuestro país? ¿sabe, por el contrario, cuánto es el salario mínimo vigente? La brecha entre el valor de los bienes de la subsistencia y el poder adquisitivo de los salarios ha tendido a profundizarse. ¿Necesitan más incentivos los empresarios e industriales, que la existencia de una fuerza de trabajo que se paga por debajo de su valor? Por favor, seamos serios. Y eso no me lo invento yo: ahí están las estadísticas mismas que los desacreditan como clase y como gremial.

Tercero, agradezco encarecidamente las observaciones sobre la competencia de la ASI para formular una iniciativa de ley. Al menos formalmente, parece que no la tiene. Es una corrección que será corregida en el texto.

Por último: coincido con que hay que generar empleo. Es fundamental y no habrá desarrollo (con esta palabra habría que precisar si necesariamente coincidimos con su definición; aunque a priori pensaría que no), no habrá desarrollo, digo, si no hay empleo. El problema es que pienso en Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, etc., y lo que salta a la vista es que habiendo empleo tampoco ha habido desarrollo (nuevamente, ¿qué entendemos por desarrollo?). No sólo hay que crear empleo, hay que dignificarlo.

El trabajo no sólo es un producto humano, los seres humanos mismos somos productos del trabajo. En ese sentido, el empleo debe trascender el purismo económico y mercantil donde el proceso de trabajo sea también un proceso ontocreador, como dice Kosík, algo que sólo puede lograrse en un sistema económico y político diferente; actualmente el trabajo en cualquier esfera de la valorización del capital es deshumanizador.

La situación de las finanzas públicas ciertamente es precaria. Si no hay más empleo el aparato de Estado deja de percibir algunos recursos por el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el Estado en las últimas décadas se ha privado de importantes recursos al no hacer efectivo el impuesto sobre el patrimonio, los impuestos al comercio exterior, y la grabación diferenciada de la renta. La elusión y evasión de las grandes empresas sigue siendo sustancial, lo que también recorta las posibilidades del Estado de conseguir recursos sostenibles. El carácter de la estructura tributaria es eminentemente regresivo; y la actual reforma tributaria que ya fue aprobada no parece tener los dientes suficientes para hacer de las estructura de impuestos, una más progresiva.

Con respecto a esto voy a detenerme un poco. La restructuración del sistema tributario a principios de la década de los noventa estuvo apuntalada por la eliminación de los timbres fiscales y la imposición, au contraire, del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En consonancia con las exigencias del paquete fiscal emanado de los PAE/PEE, se eliminaron prácticamente todos los impuestos al comercio exterior. En ese entramado, la estructura tributaria se hizo: a) de base puramente nacional, b) de carácter netamente regresivo. Actualmente, el IVA genera el 49.7% de los ingresos tributarios y representa el 46.7% de los ingresos totales del Estado, mientras que la renta genera el 34.5% de los ingresos tributarios (32.4% de los ingresos totales).

La tendencia del neoliberalismo ha sido la precarización de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Y no sólo eso: paralelamente, hay un proceso de precarización en todos los ámbitos de la existencia, proceso inherente a la tendencia secular del capitalismo. Así vemos como la destrucción de la naturaleza ha sido un fenómeno cada vez más acentuado y que pone en peligro la existencia humana misma (recordemos en nuestro caso, la contaminación masiva que llevó a cabo la empresa Record en cuya dirección fungía Miguel Lacayo –Lacayo es el apellido, aunque…- cuando igualmente era Ministro de Economía en el periodo presidencial de Francisco Flores).

Yo aceptaría su invitación a que hablemos sobre la propuesta de ley. ¿Aceptaría usted una invitación a platicar con niños y niñas trabajadoras, digamos, las y los que trabajan en los manglares? ¿Qué tal con la juventud excluida, con aquel sector que está sumido en la miseria, la violencia y la enajenación? Al final de cuentas, son ellos y ellas quienes deben ser sujetos de cualquier ley o política.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Algunas palabras sobre la exclusión de la juventud: Ley de primer empleo, flexibilidad laboral, enajenación

Hemos sostenido que la exclusión de la juventud se configura como una cuestión estructural y que por tanto la integración de la juventud en la vida social implica la desestructuración de factores sistémicos. Esto se realiza teniendo a la base la consideración de que los efectos sobre grupos específicos pasan por ser efectos que primero inciden sobre el común de la sociedad.

En este sentido, la exclusión de la juventud presupone que existen elementos que fomentan y solidifican la exclusión de la población en general; esta exclusión “sistémica” tiene a la base la conjunción de un ramo de políticas que directa o indirectamente inciden negativamente en el acceso que la población tienen a bienes, servicios, empleo y factores productivos. Un ejemplo claro se observa en el campo laboral, donde miles de jóvenes se ven enfrentados a la ausencia de empleo y, tanto más, de empleo con salarios y condiciones dignas de trabajo, sin la posibilidad tampoco de incorporarse al aparato productivo a través de una producción por cuenta propia enmarcada en una lógica distinta al ansia de lucro.

Mediáticamente, la exclusión de la juventud ha sido mal planteada. Siendo un país joven –el 59.0% de la población era, para 2009, menor de 30 años según información de DIGESTYC-, resulta obvio que al principal grupo que afecte el desempleo, entre otros fenómenos, sean los y las jóvenes. Pero eso no es todo: la fase neoliberal del capitalismo, caracterizada por la desvalorización de la fuerza de trabajo, ha llevado a que la fuerza de trabajo joven se inserte en los mercados laborales de todo el mundo, en situación de desventaja respecto de la fuerza de trabajo “madura”, que se insertó en puestos de trabajo antes del auge neoliberal.

En ese sentido, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) propuso a finales del mes pasado, una propuesta de ley para el fomento del primer empleo, destinada a impulsar el empleo de la juventud. Dicha propuesta, denominada “Ley para el fomento del empleo de jóvenes en contratos de primera inserción”, constituye un abrelatas para las obligaciones fiscales de los empresarios.

Entre otras cosas, la propuesta plantea “incentivos fiscales” para las empresas que contraten jóvenes, como la deducción del impuesto sobre la renta por los salarios y prestaciones laborales [1]. En el escenario de crisis fiscal que vive nuestro país, la deducción de impuestos supondría una reducción del margen de maniobra del sector público, con lo cual el Estado perdería la capacidad de incidir sustantivamente en el aumento del empleo gestionando adecuadamente los mecanismos de la política económica.

Pero además, la propuesta obvia la regulación de los términos contractuales que mediarán la inserción laboral de los jóvenes (plazos y estabilidad, salarios, condiciones de trabajo, entre otros). Bajo este prisma, la empresa podría aumentar la magnitud de la masa trabajadora efectivamente empleada, pero en condiciones que únicamente favorecen al empresariado debido a que permite rentabilizar las inversiones a base de la desvalorización neta de la fuerza de trabajo (“extracción de plusvalía absoluta”, en lenguaje de la economía marxista).

El artículo 10 de dicho anteproyecto de ley sostiene que “los empleadores […] podrán deducir del pago del impuesto sobre la renta […] los salarios básicos y demás prestaciones laborales pecuniarias y de seguridad social, que cancelaren a cada trabajador que hubiese prestado sus servicios en cumplimiento de un contrato de primer empleo, durante el período fiscal en curso”[2].

Además de las deducciones fiscales, esta propuesta deja las puertas abiertas para acentuar la flexibilidad laboral. El incentivo de los empresarios es que en cada periodo fiscal se contrate más personal en primer empleo, lo cual les significará beneficios fiscales; pero en una situación en que las empresas no expandan su capacidad productiva –en que no se amplíen las posibilidades de producción y prestación de bienes y servicios-, las empresas pueden alcanzar los mismos beneficios contratando personal nuevo en sustitución del contratado un año anterior, cosa que no está regulada por la Ley.

La desconexión entre las políticas y programas “sectoriales”, focalizadas (como los intentos de instaurar una política agropecuaria, algunos insumos sobre políticas de niñez y de juventud, entre otras) y las políticas macro, globales, es lo que no permite abrir los pocos espacios posibles en el marco del sistema. De hecho, se gestiona empleo sin considerar las condiciones precarias de dichas plazas, tanto en salarios como en condiciones de trabajo;sin considerar que a pesar del fomento del emprendedurismo –hay quien lo considera una forma de empleo, sin considerar la situación de subsunción a la que da origen- las pequeñas empresas se ven enfrentadas a la competencia extranjera dada la liberalización y apertura de la economía; sin tener en cuenta que las actividades productivas, para potenciar el desarrollo, deben pasar por el filtro de lo sustentable y liberador.

La enajenación es un concepto clave para la dominación. En el actual estado de cosas, muchos jóvenes carecen de la conciencia de que su situación de exclusión debe resolverse a través de reformas estructurales que coincidan con la transformación sistémica. El papel que juegan las estructuras mediáticas en la promoción de una falsa conciencia, que victimiza a las y los jóvenes y supone que la exclusión es sólo coyuntural, no ligada a la naturaleza inherente del sistema. Esta situación lleva a que desde la misma juventud no se proponga de forma consecuente con las necesidades que ella misma tiene.

Así por ejemplo, algunos sectores de la juventud han llegado a proponer la creación de un fideicomiso exento de impuestos, voluntariamente aportado por las gremiales empresariales, que tuviera como objetivo fomentar el emprendedurismo [3], es decir, empresas que ayudan a formar su propia competencia. Parecería que no existe conciencia de que ello prefigura una contradicción en sus términos. Asumiremos, dada la ausencia de pruebas, que es ingenuidad, inocencia.

Notas:

[1] El diario de hoy. Agosto, 2011 “ASI propone ley para primer empleo”. Nota en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6137377.

[2] Asociación Salvadoreña de Industriales. Agosto, 2011. Comunicado de prensa. Nota en: http://www.industriaelsalvador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=239:ley-para-el-fomento-del-empleo-de-jovenes-en-contratos-de-primera-insercion&catid=2:noticias&Itemid=32. El subrayado es nuestro.

[3] Mediolleno. Acta de propuestas de Mediollénate 2011. Agosto, 2011. Pág. 8. Versión digital disponible en: http://mediolleno.com.sv/descargas/acta.pdf.

Niñez y neoliberalismo en El Salvador

También publicado en Revista Pueblos (acá) y en rebelion.org (aquí), orignalmente escrito para el boletín Apuntes de Economía Crítica de la Asociación de Estudiantes de Economía

En 1990, el Estado salvadoreño ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) casi de forma paralela a la puesta en ejecución de las medidas de ajuste estructural que darían forma y vida al modelo neoliberal. Ambas medidas son entre sí contradictorias: las medidas de ajuste, en el enfoque del Fondo Monetario Internacional (FMI), propiciaron la desvalorización de la fuerza de trabajo y, por tanto, el empobrecimiento de miles de hogares, núcleo primario de cuido y desarrollo de la niñez.

Hay que hacer énfasis en ese carácter contradictorio pues el reconocimiento de la naturaleza de la CDN implica la creación de condiciones que garanticen la inclusión económica y social de las familias y de niñas, niños y adolescentes, de forma particular, contrario a la pretensión del patrón neoliberal que busca re-viabilizar la acumulación capitalista a escala mundial a base de la precarización de la clase trabajadora y, por tanto, de la exclusión de sectores crecientes de la sociedad.

Las políticas económicas derivadas de las pautas del Consenso de Washington (CW), comienzan a identificarse en el plan de gobierno de Alfredo Cristiani (1989 – 1994) y en las propuestas de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), donde se plantea, entre otras cosas, una reconceptualización del Estado, el cual “debe asumir un papel subsidiario en la sociedad” [1].

La línea ideológica engendrada por el CW, cuya expresión concreta fue el ajuste estructural y la orientación subsidiaria del Estado, significó reestructurar el sistema tributario, abrir y liberalizar los flujos de comercio exterior, desregular las inversiones extranjeras, solidificar el modelo de flexibilización laboral, entre otras cosas.

Todas estas políticas tenían como objetivo la disminución de las responsabilidades estatales, con lo que se coartaba la posibilidad de que éste interviniera en funciones estratégicas de la sociedad para garantizar los derechos de la niñez. Sin embargo, como la vulneración de los derechos era vista como una atipicidad, o más bien, como un fenómeno ajeno al sistema económico prevalente, el Estado debía asumir el rol de protector sui generis, de agente paternalista, focalizado a esas atenciones ajenas al mercado. Esa visión del Estado contradice de suyo a la que implícitamente subyace a la CDN, más enfocada en la Doctrina de la Protección Integral (DPI) y que, entre otras cosas, supone que niños y niñas son sujetos de derechos y con prioridad absoluta en la elaboración e implementación de las políticas públicas. La prioridad absoluta implica, además, el fortalecimiento del aparato de Estado pues sólo de esa forma se garantiza que el desenvolvimiento económico logre traducirse en el desarrollo e inserción plena de la niñez y la adolescencia en la vida social.

Más allá de la visión paternalista del Estado engendrada por la ideología neoliberal, las políticas de ésta derivadas han sido eminentemente vulneradoras de los derechos humanos en general y de los derechos de la niñez y de la adolescencia en particular. A más de dos décadas de políticas neoliberales, la situación económica, social y cultural de millones de hogares va en claro detrimento.

Tal como permiten visualizar los indicadores recogidos en el Cuadro 1, a pesar del encarecimiento progresivo de los bienes mínimos para satisfacer las necesidades de los hogares, los salarios, tanto a nivel urbano como rural, han aumentado de forma mínima o se han reducido. La tasa de desempleo ha permanecido casi estable, mientras el subempleo –que expresa la situación real de exclusión del aparato productivo capitalista- ha aumentado de forma considerable en los últimos años.

A pesar de que la pobreza –medida por el método de la pobreza del ingreso, que esconde otras privaciones importantes como el acceso real a educación, salud o cultura- ha disminuido en casi 22 puntos porcentuales desde 1991, hay que tener muy en cuenta el papel que en este fenómeno han tenido los flujos migratorios crecientes y el ingreso familiar que significa la percepción de remesas provenientes del extranjero.

Cuadro 1: Indicadores de precarización de los hogares, El Salvador 1991 – 2009

Variables

1991

2000

2009

Salario real urbano (US$)

87.9

88.3

89.4

Salario real rural (US$)

48.6

45.4

44.6

Canasta Básica Urbana (US$)

n. d.

127.3

169.3

Canasta Básica Rural (US$)

n. d.

97.7

122.3

Tasa de pobreza (%)

59.7

38.8

37.8

Tasa de subempleo (%)

31.9

26.4

36.6

Tasa de desempleo (%)

n. d.

7.0

7.3

Fuente: Elaboración propia en base a información de DIGESTYC y BCR.

En este contexto, el modelo económico prevaleciente vulnera el acceso de las personas a una vida digna: precariza la calidad y el acceso a alimentos adecuados, agua y medicamentos, vivienda, servicios de salud y educación, entre otros. En el caso de la niñez, dicho acceso es doblemente negado debido al modelo económico y a elementos socio-culturales como el patriarcado y el adultocentrismo, que minan la participación de niñas y niños en la vida de su sociedad.

Sin embargo, revisar las estadísticas sobre vulneración de los derechos de la niñez supone algunos problemas: primero, la información de los sistemas estadísticos nacionales no permite ver, en algunos casos, las causas originarias de la atención a niñez, lo cual se ve acentuado por la heterogeneidad con que las instituciones del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) registran la información de niñez; segundo, la reconceptualización de algunos sistemas estadísticos a partir de la DPI hace no comparables las estadísticas de –digamos- hace 10, 15 años, con las que se generan actualmente; tercero, dentro de los sistemas estadísticos nacionales aún quedan poco visibles las vulneraciones que atañen más a colectivos que a individuos, es decir, la vulneración de los llamados “derechos difusos”.

El Gráfico 1 recoge los casos registrados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), sobre niñez maltratada, como variable proxy de las vulneraciones de la niñez y la adolescencia. Dicho registro permite ver que existe una tendencia a que las vulneraciones debido a maltrato se acentúen, lo que en parte muestra la inoperancia del sistema de protección para garantizar los derechos de la niñez.

Gráfico 1: Niñas, niños y adolescentes maltratados atendidos por ISDEMU, 2002 – 2009

Fuente: Elaboración propia en base a información de ISDEMU.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), tanto las instituciones públicas como la misma sociedad civil están obligadas a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de un enfoque de protección integral (principio de corresponsabilidad). El artículo 14 de dicha ley, plantea como uno de sus principios rectores la prioridad absoluta de niñas, niños y adolescentes “mediante su preferente consideración en las políticas públicas”.

Sin embargo, creemos necesario resaltar nuevamente la contradicción que se da en el plano de lo real entre la legislación y la política económica. A pesar de que la CDN entró en vigencia en los primeros años de la década de los noventa, las políticas llevadas a cabo por el Estado salvadoreño en toda esa década deterioraron la situación real de la niñez y la adolescencia. En el momento actual, la coherencia entre la LEPINA y las políticas llevadas a cabo desde el órgano ejecutivo es bastante cuestionable; muchas de las medidas que se están aplicando en el tema fiscal, comercial y laboral, se enmarcan en la profundización del modelo neoliberal que históricamente ha precarizado la situación económica de los hogares, creando el contexto idóneo para la vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Aún más: el Estado salvadoreño está “amarrado” a llevar a cabo esas medidas de política a partir de los compromisos asumidos como contraparte de los préstamos precautorios (Acuerdos Stand – By) contratados con el FMI en marzo de 2010, y que responden a la misma lógica neoliberal que se había venido aplicando en el país en los últimos veinte años [2].

¿Asistimos a una nueva contradicción entre legislación, discurso y políticas públicas? Probablemente, sí. Pero en tanto histórico este fenómeno puede dar mucho de sí, si es superado; y en tanto político nos compete, por nuestros niños y niñas, a todos y a todas.


Notas:

[1] FUSADES. Hacia una economía de mercado en El Salvador: bases para una nueva estrategia de desarrollo económico y social. FUSADES-DEES. 1989. Pág. 3.

[2] Dicho acuerdo plantea, entre otras cosas, la reforma del sistema de subsidios, el logro de ciertas metas fiscales y macroeconómicas, la aprobación de leyes de supervisión financiera y de fondos de inversión, entre otros. Ver: FMI. Request for a Stand-By arrangement and cancellation of current arrangement. FMI. Pág. 20.