martes, 27 de marzo de 2012

Algunas consideraciones sobre la Ley General de Juventud

Publicado también en: http://www.tr.org.sv/


En agosto de 2011, durante el evento denominado “Juventour 2011”, el actual presidente de la República, Mauricio Funes, presentó oficialmente la “Política Nacional de Juventud”, la cual tendría por objeto la conformación de la plataforma base para incidir en las problemáticas que aquejan a las juventudes salvadoreñas. En noviembre de 2011, durante una sesión plenaria con todos los matices de un apuro legislativo, con 56 votos la Asamblea aprobó la Ley General de Juventud, con objetivos bastante cercanos a la política pero sin ningún carácter vinculante entre ellas.

Con todo y las pocas ventajas que pueda proveer una ley desconectada de elementos estructurales, las necesidades de la población juvenil y la consecución de sus derechos fundamentales parecen no estar considerados en dicha Ley General; de ahí que sea necesario sistematizar algunas consideraciones críticas sobre dicha Ley.

A partir del nombre, la “Ley General de Juventud” (LGJ) pone de manifiesto la visión que en dicho cuerpo legal se tiene sobre las personas entre 15 y 29 años o, más bien, el monismo al que quiere reducirse la identidad de los y las jóvenes. De hecho, desde la sociedad civil, hace algún tiempo ya que se viene insistiendo en que no se trata de una “juventud” sino de múltiples y diversas “juventudes”, y que por tanto es necesario reivindicar dentro del cumplimiento de sus derechos la diversidad cultural, política, económica y social que caracteriza a las juventudes alrededor del mundo, algo que podría poner en la mesa del debate público el carácter político de la exclusión juvenil y que de entrada se dejó de lado.

Asumir que es “juventudes” y no “juventud” pondría de manifiesto el carácter excluyente que históricamente han tenido las políticas públicas orientadas a las personas jóvenes, por el simple hecho de que estas políticas han sido elaboradas bajo el molde del “joven estándar”, con todo y su andro y adultocentrismo, modelo de “joven estándar” que no considera las enormes diferencias culturales, económicas, sociales y políticas que caracterizan a las juventudes.

Ciertamente, puede reducirse de muchas maneras a las juventudes, pero en ninguna forma sería tanto el reduccionismo como eliminar o preterir la diversidad propia de las juventudes y promediar sus conductas a partir del modelo urbano, occidental, prosistémico, de la identidad que una cultura de suyo excluyente ha configurado como patrón de medida. Es claro que la reducción formal presupone una reducción real, y que ésta no se agota con el nombre de una Ley; pero también hay que considerar que el monismo que impregna la LGJ, minará la concepción, formulación y ejecución de políticas públicas.

A partir de ahí, las falencias de la Ley General comienzan con una ambigüedad transversal a las partes atinentes al derecho que funda, a los principios rectores y a la naturaleza de las políticas que se desprenderán de la Ley. Estas partes se vuelven ambiguas al carecer de definiciones precisas –de hecho, ni siquiera hay un capítulo dedicado a las definiciones- sobre algunos conceptos básicos y ejes de la Ley, como lo es el tema de la “solidaridad” como valor en los procesos formativos, el hecho de considerar “agentes estratégicos del desarrollo nacional” a los y las jóvenes en el marco de las relaciones económicas, entre otras cosas.

A pesar de que el rango de edad reconocido para la caracterización de “la juventud”, abarca desde los 15 a los 29 años de edad, y donde el tramo de 15 a 18 años engarza con la legislación y las políticas sobre niñez y adolescencia, en ninguna parte se habla de la coordinación institucional que organismos como el Consejo o Instituto de la Juventud deberán tener con otras instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), con las Juntas Locales de Protección o los Comités Departamentales, entre otros entes encargados de la promoción y restitución de los derechos de los y las adolescentes.

La Ley reconoce 22 derechos y 8 deberes de las personas jóvenes. Pero, ¿es que hay algún reconocimiento nuevo de la situación de vulnerabilidad de las juventudes y del reconocimiento de sus derechos como personas? Obviamente, recoger en una ley un conjunto de derechos que ya han sido reconocidos por otros cuerpos legales, no debería representar un problema, siempre y cuando ambas leyes no entren en contradicción. Pero la falencia radica en que, fuera de las políticas sectorizadas, no hay garantía legal de que la política pública en general –que prefigura el marco condicionante de la efectividad de las políticas sectoriales- contenga un enfoque de derechos de las juventudes. Creemos que esta es una de las principales debilidades de la LGJ, deficiencia inexplicable si ya otras leyes reconocen la necesidad de incorporar un enfoque garantista, holístico, que implica una transversalidad de los derechos de ciertos sectores en las políticas públicas.

Es el caso del principio de “prioridad absoluta” contenidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA; artículo 14) y en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV, artículo 4). También es el caso del principio de transversalidad contenido en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE, artículos 5 y 6).

Hay aspectos centrales de las identidades juveniles que quedaron fuera de la Ley. Por ejemplo, en la Ley se mantiene ausente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos bajo un enfoque de juventudes; al no considerar la temática de la diversidad sexual y el pleno derechos de las y los jóvenes a emancipar una preferencia no heterosexual, la salud sexual y reproductiva quedaría al garete de la buena voluntad de los formuladores de proyectos y programas, pues la Ley no mandata la obligatoriedad de crear medidas especiales en el caso de grupos tradicionalmente vulnerados y excluidos, como lo es la comunidad LGTB. Esta situación se agrava por el hecho de que no hay instrumentos de legislación internacional que reconozcan los derechos de la comunidad LGTB, fuera del marco general de los Declaración de los Derechos Humanos.

Queremos hacer énfasis en que no pueden existir políticas públicas sectorizadas que tiendan a ser eficientes en términos de inclusión social y desarrollo, si el entorno económico, social y político que condiciona esa efectividad es de suyo excluyente y discriminador. Ello es el error craso y reiterado del enfoque de derechos que típicamente se maneja desde la sociedad civil: pensar que abanderando un paradigma neutro políticamente vamos a conseguir transformar los nodos de la exclusión.

Pero ese entramado pasa primero por el fortalecimiento institucional del Estado que a su vez implica: el fortalecimiento financiero, es decir, fiscal, y el fortalecimiento político que parte de subrayar la participación democrática en el aparato del Estado. Referente al aspecto fiscal, la estructura tributaria actual ha mostrado todas las expresiones posibles de su inoperancia e insostenibilidad; la primacía de los impuestos indirectos y el consecuente carácter regresivo de la estructura impositiva, aunados a la reducida efectividad de las instituciones que tienen a su cargo la hacienda pública y que se expresa en una alta evasión y elusión fiscal, son elementos que reducen la posibilidad del Estado para acceder a recursos y crear un sistema de protección social universal que garantice los derechos de todos los sectores de la población.

Respecto de la democratización del aparato estatal; deben crearse las condiciones para que las juventudes se vinculen de forma orgánica con todos los procesos de planificación del desarrollo. Deben abrirse espacios de participación democrática más allá de la consulta –en cuyo caso debe ser vinculante y no un mero simulacro-, con un enfoque funcional a la erradicación de las formas de discriminación de género, a la superación del adultocentrismo, entre otras cosas.

Hay una cosa que no debe dejarse de lado y es el carácter sistémico del adultocentrismo. La exclusión y la discriminación no son fenómenos que sólo están en función de las políticas públicas, sino también en el desenvolvimiento mismo de las estructuras económica, social, cultural, política, entre otras. Ahí juegan un papel determinante el patrón de acumulación –particularmente el neoliberalismo- y el modo de producción capitalista, cuya naturaleza es de suyo excluyente.

Insistimos en que las juventudes, para lograr emancipar sus derechos, deben asumir una postura anti sistémica, de lucha frontal contra el capitalismo. Ninguna ley proveerá ese carácter, esa disponibilidad y esa disposición a la lucha. Ese es un compromiso nuestro, de todos y todas.

No hay comentarios: