miércoles, 28 de marzo de 2012

El carácter político de la violencia económica contra las mujeres

Una de las principales virtudes de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (LEIV), es que incorpora al marco jurídico salvadoreño en materia de protección social, tres tipologías nuevas de violencia: económica, simbólica y feminicida[1]. La relevancia de esta novedad no es sólo el hecho de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que debe erradicarse de cara a la búsqueda de la igualdad, equidad de género y desarrollo de cualquier sociedad, sino también por el hecho de que estas tipologías evidencian el carácter político de la violencia y, por tanto, coadyuvan la reivindicación antisistema frente a las estructuras económica, cultural e institucional vigentes.

¿Cómo se vincula un fenómeno en apariencia microsocial, privado, con la lucha política a nivel social y que implica una postura claramente antisistémica y que a la vez evidencia un nuevo rol del aparato de Estado? Para responder a esta pregunta hay que considerar, primero, el hecho de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado que deriva en la sistemática exclusión y discriminación de las mujeres; en segundo lugar, los elementos de la estructura social son de suyo excluyentes, lo cual es visible a partir de los estereotipos, roles y normas que establece el patriarcado y el adultocentrismo; tercero, el hecho de que las normas se institucionalizan a partir del aparato de Estado y que es ahí mismo donde se legitiman y adquieren carácter vinculatorio a través del aparato jurídico e institucional.

La violencia económica nos refiere a una cuestión estructural, no solo a la negación del acceso a los propios recursos –como en la violencia patrimonial-, sino de cualquier recurso que por cualquier medio posibilite la sostenibilidad de la vida de las mujeres. Esta amplitud conceptual permite una aproximación multidimensional al fenómeno de la violencia.

La definición que proporciona la LEIV resulta lo suficientemente inclusiva para proponer algunas líneas programáticas para la politización del tema de derechos de las mujeres; literalmente dice: “cualquier acción u omisión… que afecta la supervivencia económica de las mujeres”. Por omisión entendemos la no consideración de un enfoque de género en las acciones individuales, colectivas, privadas o públicas, que involucre directa o indirectamente la participación de las mujeres, algo que igualmente se puede derivar del principio de prioridad absoluta de la misma LEIV.

Tradicionalmente y hasta el día de hoy, se ha creído que la formulación y la ejecución de políticas públicas son elementos neutrales con respecto al género. Esta situación se desprende del androcentrismo propio no solo de la teoría y de la discriminación social y económica, sino de la centralización del Estado en intereses ajenos a las necesidades de la sociedad y a los derechos de las mujeres y hombres que la componen. Sin embargo, sabemos que la histórica discriminación de las mujeres, su supeditación a los designios de lo masculino, ha hecho que cualquier política pública, a cualquier nivel, les impacte de forma diferencial con respecto a los hombres.

Al carecer de un enfoque de género, la determinación de ciertas políticas económicas se vuelve una válvula que descarga sobre la mitad de la población condiciones que atentan contra su existencia material o en desmedro de sus derechos fundamentales. Intentaremos mapear, en las líneas que siguen, algunos elementos de la política económica de los últimos años que han propiciado o consolidado el carácter excluyente y discriminatorio contras las mujeres, violentándolas en su persona física y/o espiritual; elementos que lastimosamente perviven en la política pública que hoy por hoy sigue ejecutándose desde el gobierno, pero que, como intentaremos demostrar para el caso de la política fiscal y comercial, pueden ser sujetos de caución jurídica a través de la LEIV.

Un rasgo que ha caracterizado a la política fiscal en nuestro país es la dependencia que su componente de ingresos tiene de los impuestos indirectos; es decir, el peso de los ingresos del Estado está fundado sobre impuestos que gravan el consumo de las personas en lugar de recaer sobre sus ingresos, patrimonio u otras expresiones de la riqueza; además, el gravamen sobre el consumo se hace a través de la tasa única de 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ¿Cómo se vinculan estos elementos con la problemática de las mujeres? Tradicionalmente, los ingresos de las mujeres están orientados al consumo más que al ahorro, puesto que su preocupación principal es la satisfacción de las necesidades materiales de sus hijos e hijas, preocupación determinada por los valores que el patriarcado introyecta en su concepto de femineidad y que erigen a la mujer en pilar básico del cuido de la familia.

El carácter regresivo de la estructura tributaria hace que el ingreso disponible de las mujeres se reduzca desproporcionalmente con respecto al ingreso de los hombres, cayendo en el círculo vicioso de la dependencia económica en el seno de la familia y limitando así la realización de los proyectos de vida de las mujeres.

Un segundo rasgo de la política fiscal es el hecho de que su componente de gastos ha pasado a “racionalizarse” como exigencia del Acuerdo Stand – By suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2010; dicha “racionalización” significa que los subsidios recibidos por la población y que en alguna medida aliviaban el alto costo de la vida (sólo entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011, la inflación acumulada ascendió a 7.2%[2]), se han ido reduciendo paulatinamente. Un caso que puede ejemplificar como esta política de focalización de los subsidios impacta negativamente sobre los derechos de las mujeres, es el de la “racionalización” del subsidio al gas licuado de petróleo: la estructura misma del consumo familiar y de la división de género del trabajo reproductivo determina que con la disminución o eliminación del subsidio y el consecuente recorte de la renta disponible de los hogares, aumenten los costos monetarios (debido al aumento del gasto en consumo) como los costos de transacción (debido al aumento del trabajo reproductivo para acceder a bienes sustitutos al gas propano: leña, carbón y otros combustibles, cuya utilización además de ser más nociva para la salud, implica mayor tiempo destinado a las tareas en que se utilizan). Hay que mencionar también el impacto que la reducción del subsidio al gas ha tenido sobre pequeños negocios de comida, sobre todo de los más pequeños, que son gestionados por mujeres, elevando sus costos y en muchos casos llevándolos a la quiebra.

La política comercial también tiene lo suyo. La implementación de acuerdos comerciales –que en lo mínimo son “acuerdos” y mucho menos sólo “comerciales”- que han liberalizado los mercados de bienes y servicios y los flujos de inversión directa y de portafolio, determina que las empresas extranjeras entren con ventaja a la “lucha competitiva del capital”, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) llevan las de perder debido a su bajo nivel de competitividad –venta del producto por debajo de su valor de mercado, dificultades para la comercialización masiva, alta composición orgánica, baja o nula inversión en investigación y desarrollo, inexistencia de economías de escala, etc.-, fenómeno que se debe a su vez a falencias estructurales de la economía salvadoreña y de las políticas públicas que la sostienen. Pero las MIPYMES en su mayoría son propiedad de mujeres. Son hombres quienes controlan las grandes empresas nacionales o extranjeras; los peces grandes que se comen a los pequeños. Y de esta lucha competitiva resulta la “destrucción creadora” de esas empresas pequeñas operadas por mujeres, de esas iniciativas nobles que en muchos casos han logrado dar un respiro a la agobiante situación económica de muchas mujeres que habían estado en la miseria y la degradación.

La política comercial de liberalización paulatina, ha incidido en la composición del gasto de los hogares. A nadie escapa el hecho de que después de la liberalización unilateral de la década de los noventa y que fue profundizada de manera inigualable por la ratificación e implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2006 (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), los saldos de balanza comercial han tendido a profundizarse de manera deficitaria. Esto ha hecho al país mucho más dependiente en áreas estratégicas para la vida humana como la alimentación. En productos de consumo básico para la población salvadoreña, como el maíz o el arroz, la tasa de crecimiento del déficit comercial ha superado el 500% en el periodo 2004 – 2009. Siendo las mujeres las que principalmente velan por la distribución “eficiente” del ingreso familiar, buscando que esa distribución permita la reproducción de la vida humana, son ellas las que cargan con el trabajo de que la familia logre acceder a productos cada vez más escasos y, por tanto, cada vez más caros o de menor calidad. Muchas veces –la mayoría- esta situación supone un aumento del trabajo reproductivo, en el sentido de que las mujeres deben llevar a cabo iniciativas de producción no mercantil en el seno de sus hogares o buscar, a través del trabajo no remunerado, otras fuentes de abastecimiento de alimentos.

Cualquiera de estos elementos tomados individualmente o en su conjunto, cada una de estas medidas de política económica, ejecutadas deliberadamente desde el aparato de Estado, conducen a la precarización de la vida de hombres y mujeres, pero de éstas últimas de manera diferenciada. A partir de la entrada en vigencia de la LEIV y de la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), que entre otras cosas proponen los principios de prioridad absoluta (LEIV, artículo 4) y de transversalidad (LIE, artículos 5 y 6), es posible judicializar estos casos en los que la política pública deliberada carece de un enfoque de género que no permite visibilizar la situación de “desventaja” histórica y política de las mujeres en el seno de nuestra sociedad.

La responsabilidad, sostenemos, debe buscarse directamente en las instituciones, organismos, personas, etc., que tienen a su cargo la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Siendo ley de la república, el Estado debe preocuparse porque el enfoque de género permee en todos los proyectos y programas ejecutados por la administración pública. Las mismas asociaciones y organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, deben empoderarse y exigir el cumplimiento de estas leyes a través de la aplicación de los mecanismos legales que dichas leyes proponen.

Sin embargo y a pesar de la utilidad que los instrumentos legales puedan dar para la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, es importante hacer hincapié en que el patriarcado se ha empotrado en el aparato del Estado como en un nido de ametralladora. Tomar ese nido, deconstruir la institucionalización del patriarcado desde el aparato estatal mismo, supone una lucha contra la democracia falaz que se nos viene vendiendo desde hace ya larga data. Hacemos hincapié que tampoco esto significa apostar ciegamente a la democracia participativa en el sentido más lato de este término. La exclusión de las mujeres es una cuestión que ha permeado incluso los planteamientos y praxis de izquierda alrededor del mundo. La radicalización de la lucha contra la democracia representativa pasará, como creemos necesario, por visibilizar a las mujeres como sujetos vitales de la lucha por un mundo nuevo.

Muchas veces, el discurso de género sólo ha servido para cumplir las condiciones que vienen empaquetadas en la cooperación exterior, abultando la “igualdad formal” o la puesta en ejecución de mecanismos que promocionan los derechos sin tocar la verdadera médula de la discriminación: las relaciones patriarcales, la cuestión atinente a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres y que redundan en el sometimiento de estas últimas.

Una última consideración es necesaria. La exclusión de las mujeres no es una cuestión solamente antipatriarcal. El capitalismo, fuera de cualquier rasgo particular en cualquiera de sus patrones de acumulación, explota y sistemáticamente empobrece a los y las trabajadoras. Históricamente, a pesar de lo que en el centro del sistema se llamó “Estado de Bienestar” y que en nuestros países sólo apareció en los televisores a blanco y negro, el capitalismo se ha alimentado de la destrucción de la fuerza de trabajo. Siempre habrá explotación, enajenación, expoliación, empobrecimiento, mientras perviva la apropiación por unos pocos de la riqueza creada por todas y todos. Vencer a ese monstruo es lo que creará las bases objetivas para un mundo más humanizado y menos excluyente.



[1] En la LEIV, estos tipos de violencia se unen a: violencia patrimonial, sexual, física y psicológica y emocional, ya contempladas en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (LCVI), para conformar los siete tipos de violencia ejercida contra las mujeres.

[2] Este cálculo corresponde a la inflación con la nueva metodología del IPC base diciembre de 2009; con la metodología pasada –IPC base diciembre 1992-, la inflación acumulada es obviamente mayor. La discrepancia entre las canastas de mercado de ambas bases no permite, según las cifras oficiales, inferir la inflación de periodos anteriores a 2009. Sin embargo, anotemos de paso que la canasta de bienes considerada para la base 2009 no recoge de manera sintética la tendencia del poder adquisitivo del ingreso de los hogares, pues en su cálculo se obvia la ya precaria situación de empobrecimiento que las medidas neoliberales de la década de los noventa supusieron para los hogares salvadoreños.

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