martes, 17 de abril de 2012

La necesidad de un enfoque anti adultocéntrico en la construcción de una democracia participativa


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Entre las principales premisas a las que nos enfrentamos al momento de concebir, como ideología o como realidad, la política, es el hecho de que ésta aparece como una construcción del mundo adulto. Son los seres humanos adultos –tradicionalmente considerados como plenamente desarrollados en el plano físico, emocional y social-, los que definen las reglas, mecanismos, accesos e inaccesos, sujetos y modos que se ven implicados en los procesos políticos.

No obstante, lo político es todo lo que incluye relaciones de poder, es decir, relaciones de dominación y/o subordinación. No se reduce a los procesos que tienen que ver con el control y uso del aparato del Estado, sino a todos los procesos en los que los seres humanos, hombres y mujeres, ven implicados sus intereses, sus necesidades o sus derechos, en el contexto de relaciones desiguales de poder. Con todo, es en la lucha por el control legítimo del aparato de Estado, espacio donde tradicionalmente se dilucidan muchos de los procesos políticos fundamentales de la sociedad.

Es en ese sentido que consideramos de vital importancia aproximarnos, aunque sea de forma exploratoria, más con preguntas que con respuestas definitivas, a la forma en que debería la niñez y la juventud insertarse en la “democratización de la democracia”, en el repensar y rehacer una democracia que ha sido capturada por los grandes conglomerados económicos y financieros a nivel mundial[1]. Creemos que este enfoque de niñez y juventudes tiene una relevancia vital en la construcción de un nuevo poder que trastoque el carácter excluyente del estado democrático burgués. Nuestro intento parte de constatar cómo el capitalismo, con la palanca del sistema andro y adultocéntrico, crece en los límites de la acumulación, concentración y centralización de la riqueza a partir de la desprotección, explotación, expoliación, marginación y denigración de contingentes cada vez mayores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y con toda la connivencia de los aparatos estatales de los distintos países.

La democracia representativa, que se vuelve excluyente a partir de la burocratización de un sector importante de la población, supone que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son agentes pasivos en la conducción de la sociedad. Por ser agentes pasivos, sin posibilidad de participación, son seres dominados, virtualmente excluidos. Tal burocratización no sólo es una inercia del sistema político democrático-representativo, sino que también está signado por la necesidad de concentración del poder político en la ola de globalización neoliberal, fenómeno que se explica por la creciente centralización del poder económico.

La exclusión de la niñez tiene dos elementos constitutivos: la marginalización, es decir, la construcción de estructuras para reproducir el mundo andro y adulto céntrico; y la subyugación, que implica la existencia de mecanismos sui generis a la dominación y explotación de la niñez en tanto grupo socialmente vulnerable. Resulta claro que la exclusión no se reduce a la esfera de la participación en el espacio institucional del poder político; la base económica misma, telón de fondo de toda construcción social, recrea las condiciones objetivas para que la exclusión se generalice a nivel de toda la sociedad.

En el tema de la democracia participativa, construir un proyecto político anti adultocéntrico implica: a) el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos históricos; b) el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos políticos; c) el reconocimiento de la niñez y de la juventud como grupo históricamente excluido; d) el reconocimiento de una heterogeneidad sistémica en el mundo no adulto, especialmente en las juventudes; y, por último, e) la aplicación de los tratados internacionales y de la legislación nacional en materia de niñez como marco regulatorio fundamental y prioritario en la agenda pública. Expliquemos estos puntos.

En primer lugar, hay que partir de la niñez y las juventudes como grupos conformados por sujetos concretos. Como señala Hinkelammert, la diferencia entre sujeto e individuo, radica en que el individuo está considerado en su situación histórica, específica, de cara a su desenvolvimiento ulterior como individuo virtualmente aislado, vinculado a una colectividad sólo de forma espuria, contingente. El sujeto por su parte, se reconoce como individuo en una colectividad inmersa en la historia, un individuo que reconoce su realización en base a las relaciones que se establecen y se van complementando, entre su especificidad y la generalidad humana[2].

A partir de esta aclaración se comprenderán mejor los puntos (a) y (b) arriba señalados. Reconocer a la niñez y a las juventudes como sujetos históricos significa retomarlos en su dimensión social específica, son sus potencialidades y sus limitaciones, con problemáticas y fortalezas en la búsqueda de su participación en la vida social. Por otro lado, reconocerlos como sujetos políticos, significa asumir como principio fundante de una nueva democracia, el poder reivindicativo, profundamente revolucionario, de la niñez y de las juventudes, en tanto constructores de una realidad en la que poco a poco van haciendo efectivo todo su poder creador.

En tanto sujetos históricos y políticos hay, pues que darles voz e incidencia. El vocablo “infancia” tiene raíces latinas: in –no-, fari –hablar, expresar-, infante: el que no habla, el que no se expresa, por tanto, el que no participa[3]. Si no participa, no es sujeto, es actor: está supeditado. Si está supeditado es disminuido. Es la disminución de la dignidad humana misma. La niñez, la adolescencia y las juventudes deben recobrar la voz –o las voces- que el mundo occidental les ha robado.

Con respecto al tercer punto es necesario reconocer a la niñez y a las juventudes, con sus especificidades correspondientes, como grupos cuyos derechos han sido históricamente negados y vulnerados. Y esto pasa no sólo por la vulneración stricto sensu, sino también por la ausencia de una promoción y restitución efectiva, por un inacceso sistemático a la justicia y por el carácter sistémico y estructural de la vulneración.

Este reconocimiento lleva implícita la construcción de instrumentos legales y políticos de carácter especial, instrumentos que permitan revertir la precaria situación de los derechos de la niñez y de las juventudes. Y no sólo revertirla, sino evitar que la tendencia inercial de la economía capitalista, del mundo patriarcal y adultocéntrico, convierta a la niñez y a las juventudes en sus víctimas propiciatorias.

En cuarto lugar, mencionamos el reconocimiento de la “heterogeneidad sistémica”. Lo mencionamos más a propósito de las juventudes, lo que se explica por el “ejercicio progresivo de las facultades”. Sin embargo, la construcción y consolidación de una identidad no es privativo de la las juventudes o de la adolescencia, sino que debería trascender también a la niñez.

Pero sucede que actualmente la identidad va construyéndose a partir de una negación sistemática del sujeto, tendencia que sólo puede empezar a cuestionarse y superarse con las primeras posibilidades de emancipación individual y social. Un claro ejemplo es la identidad de género, aún enraizada casi de forma umbilical con la identidad sexual y el ejercicio de las capacidades reproductivas.

Pero tomando incluso la forma en que esta heterogeneidad se presenta actualmente, las juventudes, dadas las diferencias y contradicciones que las caracterizan, difícilmente pueden ser empaquetadas en un molde, en un solo prototipo o en varios moldes y prototipos. No puede elaborarse una ley, una política, un programa, sin incluir de forma participativa y vinculante a esas juventudes que el mundo adulto mismo apenas conoce en su superficie. Lograr esa participación y que ésta sea funcional a la formulación y ejecución de políticas públicas realmente incluyentes y liberadoras, pasa por reconocer que las juventudes se integran al devenir social como una diversidad cuyas necesidades y posibilidades son también diversas.

Por último, un Estado realmente democrático, debe garantizar el cumplimiento del marco jurídico que vela por los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes. Actualmente, estos instrumentos legales, por tanto, enteramente vinculantes con las acciones del sector público, son relegados en la conducción del aparato estatal. Por ejemplo, a pesar de la ratificación en 1981 de la Convención para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), no es sino hasta 2011 cuando entra en vigencia la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE); a pesar de la ratificación en 1991 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), no es sino hasta 2009 cuando se aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA); y la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud (CIDJ) no ha sido ni siquiera ratificada por el Estado salvadoreño.

Claro que el enfoque tradicional de los derechos humanos tampoco puede ni debe ser absolutizado, precisamente porque carece de un enfoque político que permita evidenciar las raíces de la exclusión y las relaciones de poder que sostienen y reproducen esas estructuras excluyentes. Al enfoque de derechos hay que añadir necesariamente un enfoque crítico de economía política que logre vincular la reivindicación de los derechos humanos con la lucha antisistémica.

Hay algo que no queremos dejar de mencionar y que deliberadamente es nuestra reflexión casi final. Es la importancia que la educación y la formación tienen en la construcción de una nueva democracia. No basta ciertamente con reconocer, hay que empoderar a la niñez y a las juventudes y ese empoderamiento requiere de poder acceder al conocimiento científico de la realidad social y, de ahí, partir hacia su transformación. Esta educación debe, así mismo, remontar el esquema de la educación bancaria, la consideración de las y los estudiantes como agentes pasivos y receptores netos de conocimiento; debe pasar a una educación liberadora, horizontal, participativa; una educación que ponga en tela de juicio el edificio del “pensamiento único”, el paradigma del fin de la historia y la eliminación del sujeto.

En nuestro país, no es sino hasta hace muy poco que la temática relativa a la niñez y a las juventudes comienza a ser investigada y, poco a poco, aunque de forma bien escasa todavía, incorporada en las políticas públicas. También la reconstrucción de la democracia se nos viene como algo bastante reciente y como un tema que no ha logrado permear en la conciencia colectiva. Paso a paso ambos temas se irán abriendo camino. Aún queda mucho qué decir sobre las relaciones y mecanismos que subyacen a estos dos fenómenos. Y hay que decirlo. Creemos que de aquí puede partir el debate.



[1] Hinkelammert señala: “La democracia surgida para el control de las burocracias sin responsabilidad, ha sido conquistada por las burocracias privadas sin ninguna responsabilidad”. Hinkelammert, Franz. Hacia una crítica de la razón mítica. Dríada. 2008. Pág. 137.

[2] Hinkelammert, Franz. Ibíd. Págs. 39 – 40.

[3] Stavchansky Slomianski, Liora. La infancia: una con-di(c)ción histórica. Sin fecha. Pág. 5.

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