martes, 10 de abril de 2012

La niñez en el Plan Quinquenal de Desarrollo: ¿qué apuesta estamos perdiendo?

La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), vigente desde marzo de 2009, sienta las bases para que niños, niñas y adolescentes, sean tomados en cuenta como sujetos prioritarios para la elaboración de las políticas públicas. Esto se hace patente en el principio de prioridad absoluta que la LEPINA recoge en su artículo 14: “El Estado debe garantizar de forma prioritaria todos los derechos de la niñez y la adolescencia mediante su preferente consideración en las políticas públicas…”.

Esto significa que en cualquier política, en cualquier proyecto o programa ejecutado desde las instancias públicas, debe tenerse en cuenta el impacto de tales iniciativas sobre los derechos de la niñez. Esto implica una transversalización del enfoque de derechos en la formulación y ejecución de las políticas en todas las áreas de incidencia del Estado; en este caso, un enfoque de derechos con especial énfasis en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Con la vigencia de la LEPINA y la adopción de la Doctrina de la Protección Integral (DPI), hay un avance notable con respecto a la concepción que anteriormente había privado en la conciencia jurídica: la Doctrina de la Situación Irregular (DSI), enfocada más en la población infantil que había sido victimizada y que, por tanto, derivaba en la formulación de políticas sectorizadas, parciales, paliativas pero no garantistas, en un aparato estatal paternalista, sui generis para atender la vulneración y no para garantizar los derechos.

Casi un año después de aprobada la LEPINA, el gobierno de Mauricio Funes sistematizó en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) los principales acuerdos logrados en el Consejo Económico y Social[1]. El PQD condensa las grandes apuestas, los retos prioritarios, la promoción de los intereses nacionales[2]. Es, en ese sentido, a la vez que un instrumento que consolida la consulta social, un punto de partida del nuevo gobierno.

Se esperaría que en un instrumento político tan importante, el tema de la niñez –ya formalmente vinculado de manera consustancial a las políticas públicas por la LEPINA y ya reconocido como de vital importancia para el país-, estuviera colocado no sólo en un lugar sustantivo, claramente diferenciado por la especificidad de sus problemáticas, sino también como eje transversal a todas las políticas, programas y proyectos. No sólo vinculado a la “protección” como proceso que restituye derechos vulnerados, sino como participación e integración plena en la vida social.

Eso es lo que se esperaría. Pero no es así. El PQD “se sustenta en una visión de país de mediano y largo plazo”[3]. En ese largo plazo, en el que ciertamente we are all dead, debería tener un privilegio sustantivo la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la niñez sólo aparece cinco veces en el texto del PQD. Una, constituyendo la explicación de las etapas de la vida humana[4]; cuatro, como grupo vulnerable frente a la desigualdad y violencia social[5]. ¿De qué prioridad, de qué apuesta estamos entonces hablando?

Se podría pensar que ese enfoque de niñez se traduce, por ejemplo, en las metas globales del gobierno, es decir, ya en el plano concreto de las cifras que el gobierno proyecta alcanzar. ¿Podrá ser? Ausente de los objetivos del Plan[6], ¿puede la niñez estar comprendida en las metas? Obviamente no podría, como no lo está. La única forma en que se vincula la niñez con las metas del gobierno es mediante un canal bastante indirecto; de las diez metas, sólo cinco podrían tener alguna relación con la problemática de la niñez: reducción de la pobreza, generación de empleo, mejoramiento de la cobertura de electrificación y agua potable, ampliación la red de caminos rurales.

La primera, relacionada con el empobrecimiento de los hogares, no significa que mecánicamente se asegurará a la población infantil el acceso a bienes y servicios que propicien su desarrollo integral. El mundo moderno es la evidencia de ese error, asumido con toda la pompa barata posible por la economía neoclásica; error de pensar que pueda existir un “rebalse” automático de la riqueza entre los distintos agentes de un grupo social derivado de su existencia objetiva. Aquí hablamos de una realidad que sigue vigente: la apropiación, en el seno de la familia, de los recursos por uno o unos miembros. La economía feminista ha dado luces sobre cómo, en el seno del hogar, el patriarcado sirve de palanca para que el andros sea el que se apropia de la riqueza familiar, en detrimento de las mujeres, los niños y niñas y las personas mayores.

La segunda va en la misma lógica de la primera. Incluso podría ser perjudicial en tanto que el aumento del empleo no significa necesariamente la dignificación del trabajo humano. Esto supone el impacto negativo sobre la psicología individual y social de los padres y madres de familia, en detrimento del tiempo y de la calidad del cuido de los hijos e hijas. Además, en tanto que la oferta de fuerza de trabajo adulta llegue a su “tope económico”, probablemente se expanda la fuerza de trabajo infantil.

La tercera, cuarta y quinta, relativas al acceso a servicios como el agua y la energía eléctrica, no implican una garantía de que tales servicios sean destinados al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. De hecho, es en las grandes urbes donde la vulneración de los derechos de la niñez camina a pasos agigantados. La urbanización, por sí misma, carece de los elementos culturales para poder potenciar todas las capacidades humanas tendientes a la liberación del ser humano en tanto sujeto histórico.

En las palabras de presentación del PQD, Mauricio Funes expresó: “Cambio seguro. En esta frase resumimos la profunda transformación social y cultural que estamos impulsando”. Remarquemos tres palabras: transformación, social, cultural. Y remarquemos que no hay transformación, ni social, ni cultural, ni nada. El gobierno mismo, lastimosamente, ha ido posibilitando el entierro de estas premisas importantes.

Hubo apertura en los primeros meses del gobierno de Funes, una apertura del aparato estatal que empezó a sustituir la estructura monolítica a la que el sector público nos tenía acostumbrados. Después ese espacio se ha ido cerrando. Hubo retrocesos, fracasos enormes como el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Lejos de asumir el PQD, con todo y sus falencias, el gobierno Funes ha asumido la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) empaquetada en el ya mítico Acuerdo Stand – By de marzo de 2010, sumada a las exigencias de las nuevas contrataciones de deuda.

Estas exigencias, que en la práctica determinaron la política pública y han mantenido la forma de entender y de hacer política de los gobiernos anteriores, han reproducido y fortalecido la lógica de la acumulación capitalista en su fase neoliberal. Y de la pretendida transformación no hay nada.

Dicha “transformación” tampoco podría ser social. No puede serlo cuando, por ejemplo, la política económica sigue careciendo de un enfoque de derechos, cuando no hay una política laboral deliberada, cuando entre la política social y la política económica no hay vasos comunicantes. No puede ser social cuando los sectores históricamente excluidos siguen sin voz en el manejo de la cosa pública, no puede ser social si el presidente escucha cada vez más al manojo de grandes empresarios y cada vez menos al movimiento social que en algún momento le sirvió de respaldo.

Dicha “transformación” tampoco podría ser cultural. El adultocentrismo, tema crucial cuando hablamos del entramado socio-cultural que construye mecanismos de dominación de la población infantil y juvenil, no es un tema de discusión en materia de políticas de educación y de cultura, por ejemplo. No puede ser cultural cuando la educación no se está pensando desde un enfoque de derechos, desde la deconstrucción de los patrones patriarcales tan arraigados en la sociedad salvadoreña. No puede ser cultural cuando la participación de niñas y niños no deja de ser un simulacro, sin vinculaciones reales a la hora de formular políticas y programas.

El PQD auguraba –todavía, si alguien lo considera aún vigente- muy poco. Mucho menos ha sido lo que de él ha podido aprovecharse y tanto menos en relación a la situación de la niñez. Actualmente, según estadísticas del ISDEMU para el periodo 2007 – 2010, al menos 13 niños o niñas fueron atendidos diariamente por algún tipo de maltrato físico, psicológico o agresión sexual; según información de DIGESTYC, más de 170,00 niños y niñas a nivel nacional se encuentran en situación de trabajo infantil; mientras, los asesinatos de estudiantes, la situación de inacceso a justicia, la incapacidad del sistema para hacer efectivo el pago de la pensión alimenticia, entre otros fenómenos, siguen un ascenso y una consolidación rampante.

Estamos perdiendo la apuesta. Dijimos planificación y le hemos dejado mucho espacio a la suerte. El azar del mercado es una magia onerosa y cruel: según datos de UNICEF, a nivel mundial diariamente se reportan 2,700 casos de niños, niñas o adolescentes que son víctima de explotación sexual. Es un precio que este mundo no debería pagar.

Diferimos por mucho tiempo nuestros compromisos y la historia cobra intereses altos. Por suerte, existe el mandato legal para soslayar, en la política pública, la invisibilización histórica que el mundo adulto hizo de las necesidades y los derechos de la niñez. Como hemos tratado de reseñar, ésta no es una garantía total. Hay mucho camino aún para llegar a la “inclusión real”; pero es un camino de lucha política. Hay que empezar, al menos, para abrir brecha, con la incorporación del enfoque de niñez en las políticas públicas. El Estado ya no puede obviar esta obligación histórica. Nuestro futuro, nuestra sobrevivencia, penden de ello.



[1] Gobierno de El Salvador. Presentación del Plan Quinquenal de Desarrollo. GOES. 2011. Pág. 2.

[2] Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo. GOES. 2011. Pág. 12.

[3] Ibíd. Pág. 45.

[4] Ibíd. Pág. 65. Por cierto, en la página 66, donde se menciona nuevamente a la niñez pero en un gráfico, se presenta una pirámide que ilustra el Sistema de Protección Social Universal en el ciclo de la vida humana. La niñez y la adolescencia en este gráfico aparecen solo como etapas esenciales para adquirir y/o fortalecer el “capital humano” (capital y humano ¿no son, de suyo, términos contradictorios?).

[5] Ibíd. Págs. 25, 121, 122.

[6] Ibíd. Págs. 53 – 54.

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