miércoles, 28 de marzo de 2012

El carácter político de la violencia económica contra las mujeres

Una de las principales virtudes de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (LEIV), es que incorpora al marco jurídico salvadoreño en materia de protección social, tres tipologías nuevas de violencia: económica, simbólica y feminicida[1]. La relevancia de esta novedad no es sólo el hecho de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que debe erradicarse de cara a la búsqueda de la igualdad, equidad de género y desarrollo de cualquier sociedad, sino también por el hecho de que estas tipologías evidencian el carácter político de la violencia y, por tanto, coadyuvan la reivindicación antisistema frente a las estructuras económica, cultural e institucional vigentes.

¿Cómo se vincula un fenómeno en apariencia microsocial, privado, con la lucha política a nivel social y que implica una postura claramente antisistémica y que a la vez evidencia un nuevo rol del aparato de Estado? Para responder a esta pregunta hay que considerar, primero, el hecho de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado que deriva en la sistemática exclusión y discriminación de las mujeres; en segundo lugar, los elementos de la estructura social son de suyo excluyentes, lo cual es visible a partir de los estereotipos, roles y normas que establece el patriarcado y el adultocentrismo; tercero, el hecho de que las normas se institucionalizan a partir del aparato de Estado y que es ahí mismo donde se legitiman y adquieren carácter vinculatorio a través del aparato jurídico e institucional.

La violencia económica nos refiere a una cuestión estructural, no solo a la negación del acceso a los propios recursos –como en la violencia patrimonial-, sino de cualquier recurso que por cualquier medio posibilite la sostenibilidad de la vida de las mujeres. Esta amplitud conceptual permite una aproximación multidimensional al fenómeno de la violencia.

La definición que proporciona la LEIV resulta lo suficientemente inclusiva para proponer algunas líneas programáticas para la politización del tema de derechos de las mujeres; literalmente dice: “cualquier acción u omisión… que afecta la supervivencia económica de las mujeres”. Por omisión entendemos la no consideración de un enfoque de género en las acciones individuales, colectivas, privadas o públicas, que involucre directa o indirectamente la participación de las mujeres, algo que igualmente se puede derivar del principio de prioridad absoluta de la misma LEIV.

Tradicionalmente y hasta el día de hoy, se ha creído que la formulación y la ejecución de políticas públicas son elementos neutrales con respecto al género. Esta situación se desprende del androcentrismo propio no solo de la teoría y de la discriminación social y económica, sino de la centralización del Estado en intereses ajenos a las necesidades de la sociedad y a los derechos de las mujeres y hombres que la componen. Sin embargo, sabemos que la histórica discriminación de las mujeres, su supeditación a los designios de lo masculino, ha hecho que cualquier política pública, a cualquier nivel, les impacte de forma diferencial con respecto a los hombres.

Al carecer de un enfoque de género, la determinación de ciertas políticas económicas se vuelve una válvula que descarga sobre la mitad de la población condiciones que atentan contra su existencia material o en desmedro de sus derechos fundamentales. Intentaremos mapear, en las líneas que siguen, algunos elementos de la política económica de los últimos años que han propiciado o consolidado el carácter excluyente y discriminatorio contras las mujeres, violentándolas en su persona física y/o espiritual; elementos que lastimosamente perviven en la política pública que hoy por hoy sigue ejecutándose desde el gobierno, pero que, como intentaremos demostrar para el caso de la política fiscal y comercial, pueden ser sujetos de caución jurídica a través de la LEIV.

Un rasgo que ha caracterizado a la política fiscal en nuestro país es la dependencia que su componente de ingresos tiene de los impuestos indirectos; es decir, el peso de los ingresos del Estado está fundado sobre impuestos que gravan el consumo de las personas en lugar de recaer sobre sus ingresos, patrimonio u otras expresiones de la riqueza; además, el gravamen sobre el consumo se hace a través de la tasa única de 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ¿Cómo se vinculan estos elementos con la problemática de las mujeres? Tradicionalmente, los ingresos de las mujeres están orientados al consumo más que al ahorro, puesto que su preocupación principal es la satisfacción de las necesidades materiales de sus hijos e hijas, preocupación determinada por los valores que el patriarcado introyecta en su concepto de femineidad y que erigen a la mujer en pilar básico del cuido de la familia.

El carácter regresivo de la estructura tributaria hace que el ingreso disponible de las mujeres se reduzca desproporcionalmente con respecto al ingreso de los hombres, cayendo en el círculo vicioso de la dependencia económica en el seno de la familia y limitando así la realización de los proyectos de vida de las mujeres.

Un segundo rasgo de la política fiscal es el hecho de que su componente de gastos ha pasado a “racionalizarse” como exigencia del Acuerdo Stand – By suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2010; dicha “racionalización” significa que los subsidios recibidos por la población y que en alguna medida aliviaban el alto costo de la vida (sólo entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011, la inflación acumulada ascendió a 7.2%[2]), se han ido reduciendo paulatinamente. Un caso que puede ejemplificar como esta política de focalización de los subsidios impacta negativamente sobre los derechos de las mujeres, es el de la “racionalización” del subsidio al gas licuado de petróleo: la estructura misma del consumo familiar y de la división de género del trabajo reproductivo determina que con la disminución o eliminación del subsidio y el consecuente recorte de la renta disponible de los hogares, aumenten los costos monetarios (debido al aumento del gasto en consumo) como los costos de transacción (debido al aumento del trabajo reproductivo para acceder a bienes sustitutos al gas propano: leña, carbón y otros combustibles, cuya utilización además de ser más nociva para la salud, implica mayor tiempo destinado a las tareas en que se utilizan). Hay que mencionar también el impacto que la reducción del subsidio al gas ha tenido sobre pequeños negocios de comida, sobre todo de los más pequeños, que son gestionados por mujeres, elevando sus costos y en muchos casos llevándolos a la quiebra.

La política comercial también tiene lo suyo. La implementación de acuerdos comerciales –que en lo mínimo son “acuerdos” y mucho menos sólo “comerciales”- que han liberalizado los mercados de bienes y servicios y los flujos de inversión directa y de portafolio, determina que las empresas extranjeras entren con ventaja a la “lucha competitiva del capital”, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) llevan las de perder debido a su bajo nivel de competitividad –venta del producto por debajo de su valor de mercado, dificultades para la comercialización masiva, alta composición orgánica, baja o nula inversión en investigación y desarrollo, inexistencia de economías de escala, etc.-, fenómeno que se debe a su vez a falencias estructurales de la economía salvadoreña y de las políticas públicas que la sostienen. Pero las MIPYMES en su mayoría son propiedad de mujeres. Son hombres quienes controlan las grandes empresas nacionales o extranjeras; los peces grandes que se comen a los pequeños. Y de esta lucha competitiva resulta la “destrucción creadora” de esas empresas pequeñas operadas por mujeres, de esas iniciativas nobles que en muchos casos han logrado dar un respiro a la agobiante situación económica de muchas mujeres que habían estado en la miseria y la degradación.

La política comercial de liberalización paulatina, ha incidido en la composición del gasto de los hogares. A nadie escapa el hecho de que después de la liberalización unilateral de la década de los noventa y que fue profundizada de manera inigualable por la ratificación e implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2006 (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), los saldos de balanza comercial han tendido a profundizarse de manera deficitaria. Esto ha hecho al país mucho más dependiente en áreas estratégicas para la vida humana como la alimentación. En productos de consumo básico para la población salvadoreña, como el maíz o el arroz, la tasa de crecimiento del déficit comercial ha superado el 500% en el periodo 2004 – 2009. Siendo las mujeres las que principalmente velan por la distribución “eficiente” del ingreso familiar, buscando que esa distribución permita la reproducción de la vida humana, son ellas las que cargan con el trabajo de que la familia logre acceder a productos cada vez más escasos y, por tanto, cada vez más caros o de menor calidad. Muchas veces –la mayoría- esta situación supone un aumento del trabajo reproductivo, en el sentido de que las mujeres deben llevar a cabo iniciativas de producción no mercantil en el seno de sus hogares o buscar, a través del trabajo no remunerado, otras fuentes de abastecimiento de alimentos.

Cualquiera de estos elementos tomados individualmente o en su conjunto, cada una de estas medidas de política económica, ejecutadas deliberadamente desde el aparato de Estado, conducen a la precarización de la vida de hombres y mujeres, pero de éstas últimas de manera diferenciada. A partir de la entrada en vigencia de la LEIV y de la Ley de Igualdad, Equidad, y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), que entre otras cosas proponen los principios de prioridad absoluta (LEIV, artículo 4) y de transversalidad (LIE, artículos 5 y 6), es posible judicializar estos casos en los que la política pública deliberada carece de un enfoque de género que no permite visibilizar la situación de “desventaja” histórica y política de las mujeres en el seno de nuestra sociedad.

La responsabilidad, sostenemos, debe buscarse directamente en las instituciones, organismos, personas, etc., que tienen a su cargo la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Siendo ley de la república, el Estado debe preocuparse porque el enfoque de género permee en todos los proyectos y programas ejecutados por la administración pública. Las mismas asociaciones y organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, deben empoderarse y exigir el cumplimiento de estas leyes a través de la aplicación de los mecanismos legales que dichas leyes proponen.

Sin embargo y a pesar de la utilidad que los instrumentos legales puedan dar para la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, es importante hacer hincapié en que el patriarcado se ha empotrado en el aparato del Estado como en un nido de ametralladora. Tomar ese nido, deconstruir la institucionalización del patriarcado desde el aparato estatal mismo, supone una lucha contra la democracia falaz que se nos viene vendiendo desde hace ya larga data. Hacemos hincapié que tampoco esto significa apostar ciegamente a la democracia participativa en el sentido más lato de este término. La exclusión de las mujeres es una cuestión que ha permeado incluso los planteamientos y praxis de izquierda alrededor del mundo. La radicalización de la lucha contra la democracia representativa pasará, como creemos necesario, por visibilizar a las mujeres como sujetos vitales de la lucha por un mundo nuevo.

Muchas veces, el discurso de género sólo ha servido para cumplir las condiciones que vienen empaquetadas en la cooperación exterior, abultando la “igualdad formal” o la puesta en ejecución de mecanismos que promocionan los derechos sin tocar la verdadera médula de la discriminación: las relaciones patriarcales, la cuestión atinente a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres y que redundan en el sometimiento de estas últimas.

Una última consideración es necesaria. La exclusión de las mujeres no es una cuestión solamente antipatriarcal. El capitalismo, fuera de cualquier rasgo particular en cualquiera de sus patrones de acumulación, explota y sistemáticamente empobrece a los y las trabajadoras. Históricamente, a pesar de lo que en el centro del sistema se llamó “Estado de Bienestar” y que en nuestros países sólo apareció en los televisores a blanco y negro, el capitalismo se ha alimentado de la destrucción de la fuerza de trabajo. Siempre habrá explotación, enajenación, expoliación, empobrecimiento, mientras perviva la apropiación por unos pocos de la riqueza creada por todas y todos. Vencer a ese monstruo es lo que creará las bases objetivas para un mundo más humanizado y menos excluyente.



[1] En la LEIV, estos tipos de violencia se unen a: violencia patrimonial, sexual, física y psicológica y emocional, ya contempladas en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (LCVI), para conformar los siete tipos de violencia ejercida contra las mujeres.

[2] Este cálculo corresponde a la inflación con la nueva metodología del IPC base diciembre de 2009; con la metodología pasada –IPC base diciembre 1992-, la inflación acumulada es obviamente mayor. La discrepancia entre las canastas de mercado de ambas bases no permite, según las cifras oficiales, inferir la inflación de periodos anteriores a 2009. Sin embargo, anotemos de paso que la canasta de bienes considerada para la base 2009 no recoge de manera sintética la tendencia del poder adquisitivo del ingreso de los hogares, pues en su cálculo se obvia la ya precaria situación de empobrecimiento que las medidas neoliberales de la década de los noventa supusieron para los hogares salvadoreños.

martes, 27 de marzo de 2012

Qué universidad urgentemente necesitamos y queremos

Disertación en el conversatorio "¿Qué modelo de Universidad y educación necesitamos actualmente?", realizado en el marco de las Jornadas Interuniversitarias de Economía Crítica 2012.

Para las juventudes alrededor del mundo, la época actual se nos presenta a veces como carente de sentido, como carente de un camino a seguir. Por un lado, la magia del Estado de Bienestar, que para nada llegó a los países de la periferia sistémica pero que nos mantenía con la esperanza de su posibilidad histórica nada más que imaginaria, llegó a su tope con el establecimiento del patrón de acumulación neoliberal y la consecuente desestructuración paulatina de los aparatos estatales. El proceso de globalización, profundizado por el modelo neoliberal, destruyó la poca autonomía que los gobiernos y estados de la periferia aún tenían frente al mounstro del imperialismo. Por otro lado, la caída del ex bloque socialista, la derechización de los procesos revolucionarios en América Latina y la institucionalización de las izquierdas en todo el mundo, han llevado a que se pierda la fe en el poder del movimiento social.

La crisis sistémica del capitalismo ha mostrado la cara más terrible de este modo de producción, cuyo basamento no solamente es económico –como algunas veces se llegó a creer-, sino que trascienden al sometimiento institucional, político, cultural, social y ambiental, a la pérdida de la soberanía toda de los pueblos del mundo entero. Hoy, a casi cinco años de que estallara la crisis del capitalismo financiero y de que los gobiernos de los países centrales echaran por la borda las pocas conquistas que le quedaban a la clase trabajadora, el capitalismo sigue sumido en la desesperación y se apoya sobre las espaldas de las y los excluidos para mantener su horrible cara a flote en este mar de mierda. Estamos en el límite de la desesperanza.

Basta ver las expresiones a que esta crisis ha llevado a la gente común y corriente: un griego se prende en fuego frente a una sucursal bancaria, las encuestas en Centroamérica dicen que la población quiere volver a gobiernos militaristas, la situación en Medio Oriente da muestras de una posible guerra mundial, entre otras cosas no menos grotescas.

En este contexto, las juventudes están reclamando en Chile, en Colombia, en México y en otros países una salida de las academias, una vuelta a esa academia andante que no se quede en sus cuatro paredes, disfrutando y deleitándose de paladear teorías. Nosotros también hemos sido testigos del descaro al que pueden llegar los pseudo-académicos: en la actual contienda electoral –que según los resultados preliminares, ya no importan mucho a la población- académicos, de quien no dudamos tener un conocimiento profundo de las teorías económicas, políticas y filosóficas, tomaron partido por hacerle campaña a un partido entumecido por la burocracia y la opulencia. Cada paso de este pueblo ha sido dado a costa de su sangre, cada conquista que hemos obtenido está teñida de la sangre de nuestros y nuestras mártires. No hay mayor hipocresía que hacerle creer a este pueblo que los cambios pueden venir desde la institucionalidad de una izquierda que ya no es.

Basta de esos engaños, basta de esas apologías del absurdo. El pueblo ha despertado y las juventudes despiertan con este pueblo. Despiertan con la plena seguridad de ser contestatarias ante estas engañifas, y aunque nos falte tecnicismo, aunque nos falte teoría, aunque nuestros argumentos suenen pesados y hieran, aunque no tengamos la refinación de los grandes términos y las grandes teorías, tenemos que decir y denunciar lo que verdaderamente nos aqueja. Podemos sonar pesados, más pesados, más hirientes seremos, como un ciclón de martillos.

Basta de eso. Y por el contrario, la Universidad debe estar con el pueblo y debe ser el pueblo mismo. Históricamente la Universidad se concibe como el organismo de formación de la clases dominantes y no es hasta bien entrada nuestra época cuando se da una democratización de la educación superior. Sin embargo, esa “democratización” también está signada por las condiciones históricas en las que nace y en las que nosotros vemos el reflejo de las necesidades del capitalismo a escala planetaria ¿cuáles necesidades? La necesidad de una fuerza de trabajo calificada, formada técnica, cultural y políticamente bajo las líneas del sistema. Hoy más que nunca, las universidades producen técnicos para la acumulación del capital, cada vez menos pensantes y menos críticos.

La dinámica misma de la superestructura ideológica y cultural hizo que muchas universidades se salieran de ese molde. La expresión mejor que conocemos no está muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio: la Universidad de El Salvador, esa casa legendaria hoy corroída y vilipendiada, fue el nido donde se gestaron muchas de las grandes batallas de nuestro pueblo, muchos de los verdaderos intelectuales críticos de este país, hombres y mujeres, se formaron en sus aulas a punta de dialéctica y pistolas.

La Universidad debe dar de sí lo que puede: la teoría y el cientifismo. Y debe tomar del pueblo, que es su base funcional, su naturaleza progresista, sus líneas y sus necesidades, que luego se convertirán en líneas de investigación, en proyectos de extensión social, y en una lógica, jamás estática, del proceso de enseñanza/aprendizaje. La universidad debe aprender de su pueblo. No puede asumir que todo el conocimiento se construye a partir de digerir unas cuantas miles de toneladas de tomos por año o a través de la construcción de sistemas estadísticos cada vez más perfectos, o a través de la consulta de opinión coyuntural. Hay siempre un más allá y el conocimiento lo hacemos los hombres y las mujeres en la vida cotidiana, con todo y nuestras limitaciones.

Aquiles Montoya, a quien queremos honrar con estas Jornadas Interuniversitarias, siempre decía que ningún teórico podía o debía partir de la sola teoría para explicar el mundo. Sobre todo, la conformación de estrategias anti sistema debe hacerse de la praxis viva de mujeres y hombres concretos, que día a día con su trabajo construyen realidades distintas a la del capitalismo. Aquiles encontró eso en el proyecto al que muy visionariamente le entregó su vida: la economía y la sociedad solidaria. Esto no quiere decir que la teoría no sirva, sino que ésta no es un fin en sí mismo. Por eso la academia no debe encerrarse a perfeccionar por sí sola los hallazgos de su observación; debe hacer al pueblo partícipe de esos procesos. No se trata de traducir conocimientos para el lenguaje popular, se trata, en el largo plazo, de empoderar al pueblo para que sea el mismo el que abandere la lucha científica contra el capital y su despotismo.

En un artículo reciente, Frei Betto se preguntaba ¿por qué universidad? ¿por qué “uni” y no “multidiversidad”? El pensamiento único, el establecimiento de un modelo unidimensional y unidireccional de pensamiento y de acción como diría Marcusse, ha cercenado cualquier intento de expresión creadora.

En el caso de El Salvador, esto es cada vez más cierto. Una sola universidad es pública, pero ninguna universidad opera ajena a los designios que le impone el mercado capitalista. La matrícula, por ejemplo, en filosofía o sociología, en la Universidad de El Salvador, no es ni siquiera el 3% de la matrícula de carreras como administración de empresas o contaduría pública. Y aún ahí habría que descontar los que entran a filosofía nada más para lograr entrar a la universidad y en el siguiente año cambiarse a una ingeniería o un técnico en mercadeo.

Pero el problema no se agota ahí, porque es mucho más complejo. Incluso las universidades que se tildan de alternativas siguen reproduciendo un esquema vertical en el proceso de formación de sus profesionales. Paulo Freire dice en uno de sus libros que no puede haber enseñanza de un lado hacia otro, en una vía única, simplemente porque carece de sentido pensar que el mundo es tan sencillo y unidireccional y porque eso implica querer callar el conocimiento práctico que la realidad enseña. La enseñanza, para ser revolucionaria, hoy más que nunca debe ser un proceso dialógico, un proceso que retome lo concreto de lo individuo y lo haga encontrarse en su propia especificidad frente al mundo pero también como parte de una colectividad que a fuerzas pide un cambio.

Quienes en distintos momentos y por distintas vías nos hemos visto involucrados en el proceso de enseñanza, jugando el papel de facilitar conocimientos, un papel a veces mal hecho, hay que aceptarlo, estamos conscientes de que uno recibe tanto como da y que el conocimiento problematizado por las y los estudiantes es tan importante como el de los mejores libros.

La juventud ya no debe esperar. Ha esperado demasiado tiempo a que la educación –ese modelo trasplantado de otras latitudes y otros tiempos, ese conocimiento teórico muchas veces carente de sentido en la realidad concreta-, llegue a ella y se engarce con las necesidades históricas que la juventud siente sobre sí. Es el momento de trastocar ese nicho llamado Universidad. Es momento de rescatarlo del pensamiento único y de la acumulación capitalista. Es momento de recrearlo y llevarlo al pueblo.

La crisis capitalista y la declinación del imperio hegemónico nos tienen a contrarreloj, es cierto. Pero es un momento de convulsión y compromiso que hay que asumir. Y vale la pena vivir este momento, que es terrible y bello, como dijo André Bretón: “la belleza será convulsiva o no será”.

Algunas consideraciones sobre la Ley General de Juventud

Publicado también en: http://www.tr.org.sv/


En agosto de 2011, durante el evento denominado “Juventour 2011”, el actual presidente de la República, Mauricio Funes, presentó oficialmente la “Política Nacional de Juventud”, la cual tendría por objeto la conformación de la plataforma base para incidir en las problemáticas que aquejan a las juventudes salvadoreñas. En noviembre de 2011, durante una sesión plenaria con todos los matices de un apuro legislativo, con 56 votos la Asamblea aprobó la Ley General de Juventud, con objetivos bastante cercanos a la política pero sin ningún carácter vinculante entre ellas.

Con todo y las pocas ventajas que pueda proveer una ley desconectada de elementos estructurales, las necesidades de la población juvenil y la consecución de sus derechos fundamentales parecen no estar considerados en dicha Ley General; de ahí que sea necesario sistematizar algunas consideraciones críticas sobre dicha Ley.

A partir del nombre, la “Ley General de Juventud” (LGJ) pone de manifiesto la visión que en dicho cuerpo legal se tiene sobre las personas entre 15 y 29 años o, más bien, el monismo al que quiere reducirse la identidad de los y las jóvenes. De hecho, desde la sociedad civil, hace algún tiempo ya que se viene insistiendo en que no se trata de una “juventud” sino de múltiples y diversas “juventudes”, y que por tanto es necesario reivindicar dentro del cumplimiento de sus derechos la diversidad cultural, política, económica y social que caracteriza a las juventudes alrededor del mundo, algo que podría poner en la mesa del debate público el carácter político de la exclusión juvenil y que de entrada se dejó de lado.

Asumir que es “juventudes” y no “juventud” pondría de manifiesto el carácter excluyente que históricamente han tenido las políticas públicas orientadas a las personas jóvenes, por el simple hecho de que estas políticas han sido elaboradas bajo el molde del “joven estándar”, con todo y su andro y adultocentrismo, modelo de “joven estándar” que no considera las enormes diferencias culturales, económicas, sociales y políticas que caracterizan a las juventudes.

Ciertamente, puede reducirse de muchas maneras a las juventudes, pero en ninguna forma sería tanto el reduccionismo como eliminar o preterir la diversidad propia de las juventudes y promediar sus conductas a partir del modelo urbano, occidental, prosistémico, de la identidad que una cultura de suyo excluyente ha configurado como patrón de medida. Es claro que la reducción formal presupone una reducción real, y que ésta no se agota con el nombre de una Ley; pero también hay que considerar que el monismo que impregna la LGJ, minará la concepción, formulación y ejecución de políticas públicas.

A partir de ahí, las falencias de la Ley General comienzan con una ambigüedad transversal a las partes atinentes al derecho que funda, a los principios rectores y a la naturaleza de las políticas que se desprenderán de la Ley. Estas partes se vuelven ambiguas al carecer de definiciones precisas –de hecho, ni siquiera hay un capítulo dedicado a las definiciones- sobre algunos conceptos básicos y ejes de la Ley, como lo es el tema de la “solidaridad” como valor en los procesos formativos, el hecho de considerar “agentes estratégicos del desarrollo nacional” a los y las jóvenes en el marco de las relaciones económicas, entre otras cosas.

A pesar de que el rango de edad reconocido para la caracterización de “la juventud”, abarca desde los 15 a los 29 años de edad, y donde el tramo de 15 a 18 años engarza con la legislación y las políticas sobre niñez y adolescencia, en ninguna parte se habla de la coordinación institucional que organismos como el Consejo o Instituto de la Juventud deberán tener con otras instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), con las Juntas Locales de Protección o los Comités Departamentales, entre otros entes encargados de la promoción y restitución de los derechos de los y las adolescentes.

La Ley reconoce 22 derechos y 8 deberes de las personas jóvenes. Pero, ¿es que hay algún reconocimiento nuevo de la situación de vulnerabilidad de las juventudes y del reconocimiento de sus derechos como personas? Obviamente, recoger en una ley un conjunto de derechos que ya han sido reconocidos por otros cuerpos legales, no debería representar un problema, siempre y cuando ambas leyes no entren en contradicción. Pero la falencia radica en que, fuera de las políticas sectorizadas, no hay garantía legal de que la política pública en general –que prefigura el marco condicionante de la efectividad de las políticas sectoriales- contenga un enfoque de derechos de las juventudes. Creemos que esta es una de las principales debilidades de la LGJ, deficiencia inexplicable si ya otras leyes reconocen la necesidad de incorporar un enfoque garantista, holístico, que implica una transversalidad de los derechos de ciertos sectores en las políticas públicas.

Es el caso del principio de “prioridad absoluta” contenidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA; artículo 14) y en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV, artículo 4). También es el caso del principio de transversalidad contenido en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE, artículos 5 y 6).

Hay aspectos centrales de las identidades juveniles que quedaron fuera de la Ley. Por ejemplo, en la Ley se mantiene ausente el acceso a los derechos sexuales y reproductivos bajo un enfoque de juventudes; al no considerar la temática de la diversidad sexual y el pleno derechos de las y los jóvenes a emancipar una preferencia no heterosexual, la salud sexual y reproductiva quedaría al garete de la buena voluntad de los formuladores de proyectos y programas, pues la Ley no mandata la obligatoriedad de crear medidas especiales en el caso de grupos tradicionalmente vulnerados y excluidos, como lo es la comunidad LGTB. Esta situación se agrava por el hecho de que no hay instrumentos de legislación internacional que reconozcan los derechos de la comunidad LGTB, fuera del marco general de los Declaración de los Derechos Humanos.

Queremos hacer énfasis en que no pueden existir políticas públicas sectorizadas que tiendan a ser eficientes en términos de inclusión social y desarrollo, si el entorno económico, social y político que condiciona esa efectividad es de suyo excluyente y discriminador. Ello es el error craso y reiterado del enfoque de derechos que típicamente se maneja desde la sociedad civil: pensar que abanderando un paradigma neutro políticamente vamos a conseguir transformar los nodos de la exclusión.

Pero ese entramado pasa primero por el fortalecimiento institucional del Estado que a su vez implica: el fortalecimiento financiero, es decir, fiscal, y el fortalecimiento político que parte de subrayar la participación democrática en el aparato del Estado. Referente al aspecto fiscal, la estructura tributaria actual ha mostrado todas las expresiones posibles de su inoperancia e insostenibilidad; la primacía de los impuestos indirectos y el consecuente carácter regresivo de la estructura impositiva, aunados a la reducida efectividad de las instituciones que tienen a su cargo la hacienda pública y que se expresa en una alta evasión y elusión fiscal, son elementos que reducen la posibilidad del Estado para acceder a recursos y crear un sistema de protección social universal que garantice los derechos de todos los sectores de la población.

Respecto de la democratización del aparato estatal; deben crearse las condiciones para que las juventudes se vinculen de forma orgánica con todos los procesos de planificación del desarrollo. Deben abrirse espacios de participación democrática más allá de la consulta –en cuyo caso debe ser vinculante y no un mero simulacro-, con un enfoque funcional a la erradicación de las formas de discriminación de género, a la superación del adultocentrismo, entre otras cosas.

Hay una cosa que no debe dejarse de lado y es el carácter sistémico del adultocentrismo. La exclusión y la discriminación no son fenómenos que sólo están en función de las políticas públicas, sino también en el desenvolvimiento mismo de las estructuras económica, social, cultural, política, entre otras. Ahí juegan un papel determinante el patrón de acumulación –particularmente el neoliberalismo- y el modo de producción capitalista, cuya naturaleza es de suyo excluyente.

Insistimos en que las juventudes, para lograr emancipar sus derechos, deben asumir una postura anti sistémica, de lucha frontal contra el capitalismo. Ninguna ley proveerá ese carácter, esa disponibilidad y esa disposición a la lucha. Ese es un compromiso nuestro, de todos y todas.