martes, 17 de abril de 2012

La necesidad de un enfoque anti adultocéntrico en la construcción de una democracia participativa


También publicado en: http://www.tr.org.sv/


Entre las principales premisas a las que nos enfrentamos al momento de concebir, como ideología o como realidad, la política, es el hecho de que ésta aparece como una construcción del mundo adulto. Son los seres humanos adultos –tradicionalmente considerados como plenamente desarrollados en el plano físico, emocional y social-, los que definen las reglas, mecanismos, accesos e inaccesos, sujetos y modos que se ven implicados en los procesos políticos.

No obstante, lo político es todo lo que incluye relaciones de poder, es decir, relaciones de dominación y/o subordinación. No se reduce a los procesos que tienen que ver con el control y uso del aparato del Estado, sino a todos los procesos en los que los seres humanos, hombres y mujeres, ven implicados sus intereses, sus necesidades o sus derechos, en el contexto de relaciones desiguales de poder. Con todo, es en la lucha por el control legítimo del aparato de Estado, espacio donde tradicionalmente se dilucidan muchos de los procesos políticos fundamentales de la sociedad.

Es en ese sentido que consideramos de vital importancia aproximarnos, aunque sea de forma exploratoria, más con preguntas que con respuestas definitivas, a la forma en que debería la niñez y la juventud insertarse en la “democratización de la democracia”, en el repensar y rehacer una democracia que ha sido capturada por los grandes conglomerados económicos y financieros a nivel mundial[1]. Creemos que este enfoque de niñez y juventudes tiene una relevancia vital en la construcción de un nuevo poder que trastoque el carácter excluyente del estado democrático burgués. Nuestro intento parte de constatar cómo el capitalismo, con la palanca del sistema andro y adultocéntrico, crece en los límites de la acumulación, concentración y centralización de la riqueza a partir de la desprotección, explotación, expoliación, marginación y denigración de contingentes cada vez mayores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y con toda la connivencia de los aparatos estatales de los distintos países.

La democracia representativa, que se vuelve excluyente a partir de la burocratización de un sector importante de la población, supone que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, son agentes pasivos en la conducción de la sociedad. Por ser agentes pasivos, sin posibilidad de participación, son seres dominados, virtualmente excluidos. Tal burocratización no sólo es una inercia del sistema político democrático-representativo, sino que también está signado por la necesidad de concentración del poder político en la ola de globalización neoliberal, fenómeno que se explica por la creciente centralización del poder económico.

La exclusión de la niñez tiene dos elementos constitutivos: la marginalización, es decir, la construcción de estructuras para reproducir el mundo andro y adulto céntrico; y la subyugación, que implica la existencia de mecanismos sui generis a la dominación y explotación de la niñez en tanto grupo socialmente vulnerable. Resulta claro que la exclusión no se reduce a la esfera de la participación en el espacio institucional del poder político; la base económica misma, telón de fondo de toda construcción social, recrea las condiciones objetivas para que la exclusión se generalice a nivel de toda la sociedad.

En el tema de la democracia participativa, construir un proyecto político anti adultocéntrico implica: a) el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos históricos; b) el reconocimiento de las niñas, los niños y las y los jóvenes como sujetos políticos; c) el reconocimiento de la niñez y de la juventud como grupo históricamente excluido; d) el reconocimiento de una heterogeneidad sistémica en el mundo no adulto, especialmente en las juventudes; y, por último, e) la aplicación de los tratados internacionales y de la legislación nacional en materia de niñez como marco regulatorio fundamental y prioritario en la agenda pública. Expliquemos estos puntos.

En primer lugar, hay que partir de la niñez y las juventudes como grupos conformados por sujetos concretos. Como señala Hinkelammert, la diferencia entre sujeto e individuo, radica en que el individuo está considerado en su situación histórica, específica, de cara a su desenvolvimiento ulterior como individuo virtualmente aislado, vinculado a una colectividad sólo de forma espuria, contingente. El sujeto por su parte, se reconoce como individuo en una colectividad inmersa en la historia, un individuo que reconoce su realización en base a las relaciones que se establecen y se van complementando, entre su especificidad y la generalidad humana[2].

A partir de esta aclaración se comprenderán mejor los puntos (a) y (b) arriba señalados. Reconocer a la niñez y a las juventudes como sujetos históricos significa retomarlos en su dimensión social específica, son sus potencialidades y sus limitaciones, con problemáticas y fortalezas en la búsqueda de su participación en la vida social. Por otro lado, reconocerlos como sujetos políticos, significa asumir como principio fundante de una nueva democracia, el poder reivindicativo, profundamente revolucionario, de la niñez y de las juventudes, en tanto constructores de una realidad en la que poco a poco van haciendo efectivo todo su poder creador.

En tanto sujetos históricos y políticos hay, pues que darles voz e incidencia. El vocablo “infancia” tiene raíces latinas: in –no-, fari –hablar, expresar-, infante: el que no habla, el que no se expresa, por tanto, el que no participa[3]. Si no participa, no es sujeto, es actor: está supeditado. Si está supeditado es disminuido. Es la disminución de la dignidad humana misma. La niñez, la adolescencia y las juventudes deben recobrar la voz –o las voces- que el mundo occidental les ha robado.

Con respecto al tercer punto es necesario reconocer a la niñez y a las juventudes, con sus especificidades correspondientes, como grupos cuyos derechos han sido históricamente negados y vulnerados. Y esto pasa no sólo por la vulneración stricto sensu, sino también por la ausencia de una promoción y restitución efectiva, por un inacceso sistemático a la justicia y por el carácter sistémico y estructural de la vulneración.

Este reconocimiento lleva implícita la construcción de instrumentos legales y políticos de carácter especial, instrumentos que permitan revertir la precaria situación de los derechos de la niñez y de las juventudes. Y no sólo revertirla, sino evitar que la tendencia inercial de la economía capitalista, del mundo patriarcal y adultocéntrico, convierta a la niñez y a las juventudes en sus víctimas propiciatorias.

En cuarto lugar, mencionamos el reconocimiento de la “heterogeneidad sistémica”. Lo mencionamos más a propósito de las juventudes, lo que se explica por el “ejercicio progresivo de las facultades”. Sin embargo, la construcción y consolidación de una identidad no es privativo de la las juventudes o de la adolescencia, sino que debería trascender también a la niñez.

Pero sucede que actualmente la identidad va construyéndose a partir de una negación sistemática del sujeto, tendencia que sólo puede empezar a cuestionarse y superarse con las primeras posibilidades de emancipación individual y social. Un claro ejemplo es la identidad de género, aún enraizada casi de forma umbilical con la identidad sexual y el ejercicio de las capacidades reproductivas.

Pero tomando incluso la forma en que esta heterogeneidad se presenta actualmente, las juventudes, dadas las diferencias y contradicciones que las caracterizan, difícilmente pueden ser empaquetadas en un molde, en un solo prototipo o en varios moldes y prototipos. No puede elaborarse una ley, una política, un programa, sin incluir de forma participativa y vinculante a esas juventudes que el mundo adulto mismo apenas conoce en su superficie. Lograr esa participación y que ésta sea funcional a la formulación y ejecución de políticas públicas realmente incluyentes y liberadoras, pasa por reconocer que las juventudes se integran al devenir social como una diversidad cuyas necesidades y posibilidades son también diversas.

Por último, un Estado realmente democrático, debe garantizar el cumplimiento del marco jurídico que vela por los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes. Actualmente, estos instrumentos legales, por tanto, enteramente vinculantes con las acciones del sector público, son relegados en la conducción del aparato estatal. Por ejemplo, a pesar de la ratificación en 1981 de la Convención para la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), no es sino hasta 2011 cuando entra en vigencia la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE); a pesar de la ratificación en 1991 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), no es sino hasta 2009 cuando se aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA); y la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud (CIDJ) no ha sido ni siquiera ratificada por el Estado salvadoreño.

Claro que el enfoque tradicional de los derechos humanos tampoco puede ni debe ser absolutizado, precisamente porque carece de un enfoque político que permita evidenciar las raíces de la exclusión y las relaciones de poder que sostienen y reproducen esas estructuras excluyentes. Al enfoque de derechos hay que añadir necesariamente un enfoque crítico de economía política que logre vincular la reivindicación de los derechos humanos con la lucha antisistémica.

Hay algo que no queremos dejar de mencionar y que deliberadamente es nuestra reflexión casi final. Es la importancia que la educación y la formación tienen en la construcción de una nueva democracia. No basta ciertamente con reconocer, hay que empoderar a la niñez y a las juventudes y ese empoderamiento requiere de poder acceder al conocimiento científico de la realidad social y, de ahí, partir hacia su transformación. Esta educación debe, así mismo, remontar el esquema de la educación bancaria, la consideración de las y los estudiantes como agentes pasivos y receptores netos de conocimiento; debe pasar a una educación liberadora, horizontal, participativa; una educación que ponga en tela de juicio el edificio del “pensamiento único”, el paradigma del fin de la historia y la eliminación del sujeto.

En nuestro país, no es sino hasta hace muy poco que la temática relativa a la niñez y a las juventudes comienza a ser investigada y, poco a poco, aunque de forma bien escasa todavía, incorporada en las políticas públicas. También la reconstrucción de la democracia se nos viene como algo bastante reciente y como un tema que no ha logrado permear en la conciencia colectiva. Paso a paso ambos temas se irán abriendo camino. Aún queda mucho qué decir sobre las relaciones y mecanismos que subyacen a estos dos fenómenos. Y hay que decirlo. Creemos que de aquí puede partir el debate.



[1] Hinkelammert señala: “La democracia surgida para el control de las burocracias sin responsabilidad, ha sido conquistada por las burocracias privadas sin ninguna responsabilidad”. Hinkelammert, Franz. Hacia una crítica de la razón mítica. Dríada. 2008. Pág. 137.

[2] Hinkelammert, Franz. Ibíd. Págs. 39 – 40.

[3] Stavchansky Slomianski, Liora. La infancia: una con-di(c)ción histórica. Sin fecha. Pág. 5.

martes, 10 de abril de 2012

La niñez en el Plan Quinquenal de Desarrollo: ¿qué apuesta estamos perdiendo?

La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), vigente desde marzo de 2009, sienta las bases para que niños, niñas y adolescentes, sean tomados en cuenta como sujetos prioritarios para la elaboración de las políticas públicas. Esto se hace patente en el principio de prioridad absoluta que la LEPINA recoge en su artículo 14: “El Estado debe garantizar de forma prioritaria todos los derechos de la niñez y la adolescencia mediante su preferente consideración en las políticas públicas…”.

Esto significa que en cualquier política, en cualquier proyecto o programa ejecutado desde las instancias públicas, debe tenerse en cuenta el impacto de tales iniciativas sobre los derechos de la niñez. Esto implica una transversalización del enfoque de derechos en la formulación y ejecución de las políticas en todas las áreas de incidencia del Estado; en este caso, un enfoque de derechos con especial énfasis en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Con la vigencia de la LEPINA y la adopción de la Doctrina de la Protección Integral (DPI), hay un avance notable con respecto a la concepción que anteriormente había privado en la conciencia jurídica: la Doctrina de la Situación Irregular (DSI), enfocada más en la población infantil que había sido victimizada y que, por tanto, derivaba en la formulación de políticas sectorizadas, parciales, paliativas pero no garantistas, en un aparato estatal paternalista, sui generis para atender la vulneración y no para garantizar los derechos.

Casi un año después de aprobada la LEPINA, el gobierno de Mauricio Funes sistematizó en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) los principales acuerdos logrados en el Consejo Económico y Social[1]. El PQD condensa las grandes apuestas, los retos prioritarios, la promoción de los intereses nacionales[2]. Es, en ese sentido, a la vez que un instrumento que consolida la consulta social, un punto de partida del nuevo gobierno.

Se esperaría que en un instrumento político tan importante, el tema de la niñez –ya formalmente vinculado de manera consustancial a las políticas públicas por la LEPINA y ya reconocido como de vital importancia para el país-, estuviera colocado no sólo en un lugar sustantivo, claramente diferenciado por la especificidad de sus problemáticas, sino también como eje transversal a todas las políticas, programas y proyectos. No sólo vinculado a la “protección” como proceso que restituye derechos vulnerados, sino como participación e integración plena en la vida social.

Eso es lo que se esperaría. Pero no es así. El PQD “se sustenta en una visión de país de mediano y largo plazo”[3]. En ese largo plazo, en el que ciertamente we are all dead, debería tener un privilegio sustantivo la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la niñez sólo aparece cinco veces en el texto del PQD. Una, constituyendo la explicación de las etapas de la vida humana[4]; cuatro, como grupo vulnerable frente a la desigualdad y violencia social[5]. ¿De qué prioridad, de qué apuesta estamos entonces hablando?

Se podría pensar que ese enfoque de niñez se traduce, por ejemplo, en las metas globales del gobierno, es decir, ya en el plano concreto de las cifras que el gobierno proyecta alcanzar. ¿Podrá ser? Ausente de los objetivos del Plan[6], ¿puede la niñez estar comprendida en las metas? Obviamente no podría, como no lo está. La única forma en que se vincula la niñez con las metas del gobierno es mediante un canal bastante indirecto; de las diez metas, sólo cinco podrían tener alguna relación con la problemática de la niñez: reducción de la pobreza, generación de empleo, mejoramiento de la cobertura de electrificación y agua potable, ampliación la red de caminos rurales.

La primera, relacionada con el empobrecimiento de los hogares, no significa que mecánicamente se asegurará a la población infantil el acceso a bienes y servicios que propicien su desarrollo integral. El mundo moderno es la evidencia de ese error, asumido con toda la pompa barata posible por la economía neoclásica; error de pensar que pueda existir un “rebalse” automático de la riqueza entre los distintos agentes de un grupo social derivado de su existencia objetiva. Aquí hablamos de una realidad que sigue vigente: la apropiación, en el seno de la familia, de los recursos por uno o unos miembros. La economía feminista ha dado luces sobre cómo, en el seno del hogar, el patriarcado sirve de palanca para que el andros sea el que se apropia de la riqueza familiar, en detrimento de las mujeres, los niños y niñas y las personas mayores.

La segunda va en la misma lógica de la primera. Incluso podría ser perjudicial en tanto que el aumento del empleo no significa necesariamente la dignificación del trabajo humano. Esto supone el impacto negativo sobre la psicología individual y social de los padres y madres de familia, en detrimento del tiempo y de la calidad del cuido de los hijos e hijas. Además, en tanto que la oferta de fuerza de trabajo adulta llegue a su “tope económico”, probablemente se expanda la fuerza de trabajo infantil.

La tercera, cuarta y quinta, relativas al acceso a servicios como el agua y la energía eléctrica, no implican una garantía de que tales servicios sean destinados al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. De hecho, es en las grandes urbes donde la vulneración de los derechos de la niñez camina a pasos agigantados. La urbanización, por sí misma, carece de los elementos culturales para poder potenciar todas las capacidades humanas tendientes a la liberación del ser humano en tanto sujeto histórico.

En las palabras de presentación del PQD, Mauricio Funes expresó: “Cambio seguro. En esta frase resumimos la profunda transformación social y cultural que estamos impulsando”. Remarquemos tres palabras: transformación, social, cultural. Y remarquemos que no hay transformación, ni social, ni cultural, ni nada. El gobierno mismo, lastimosamente, ha ido posibilitando el entierro de estas premisas importantes.

Hubo apertura en los primeros meses del gobierno de Funes, una apertura del aparato estatal que empezó a sustituir la estructura monolítica a la que el sector público nos tenía acostumbrados. Después ese espacio se ha ido cerrando. Hubo retrocesos, fracasos enormes como el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Lejos de asumir el PQD, con todo y sus falencias, el gobierno Funes ha asumido la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) empaquetada en el ya mítico Acuerdo Stand – By de marzo de 2010, sumada a las exigencias de las nuevas contrataciones de deuda.

Estas exigencias, que en la práctica determinaron la política pública y han mantenido la forma de entender y de hacer política de los gobiernos anteriores, han reproducido y fortalecido la lógica de la acumulación capitalista en su fase neoliberal. Y de la pretendida transformación no hay nada.

Dicha “transformación” tampoco podría ser social. No puede serlo cuando, por ejemplo, la política económica sigue careciendo de un enfoque de derechos, cuando no hay una política laboral deliberada, cuando entre la política social y la política económica no hay vasos comunicantes. No puede ser social cuando los sectores históricamente excluidos siguen sin voz en el manejo de la cosa pública, no puede ser social si el presidente escucha cada vez más al manojo de grandes empresarios y cada vez menos al movimiento social que en algún momento le sirvió de respaldo.

Dicha “transformación” tampoco podría ser cultural. El adultocentrismo, tema crucial cuando hablamos del entramado socio-cultural que construye mecanismos de dominación de la población infantil y juvenil, no es un tema de discusión en materia de políticas de educación y de cultura, por ejemplo. No puede ser cultural cuando la educación no se está pensando desde un enfoque de derechos, desde la deconstrucción de los patrones patriarcales tan arraigados en la sociedad salvadoreña. No puede ser cultural cuando la participación de niñas y niños no deja de ser un simulacro, sin vinculaciones reales a la hora de formular políticas y programas.

El PQD auguraba –todavía, si alguien lo considera aún vigente- muy poco. Mucho menos ha sido lo que de él ha podido aprovecharse y tanto menos en relación a la situación de la niñez. Actualmente, según estadísticas del ISDEMU para el periodo 2007 – 2010, al menos 13 niños o niñas fueron atendidos diariamente por algún tipo de maltrato físico, psicológico o agresión sexual; según información de DIGESTYC, más de 170,00 niños y niñas a nivel nacional se encuentran en situación de trabajo infantil; mientras, los asesinatos de estudiantes, la situación de inacceso a justicia, la incapacidad del sistema para hacer efectivo el pago de la pensión alimenticia, entre otros fenómenos, siguen un ascenso y una consolidación rampante.

Estamos perdiendo la apuesta. Dijimos planificación y le hemos dejado mucho espacio a la suerte. El azar del mercado es una magia onerosa y cruel: según datos de UNICEF, a nivel mundial diariamente se reportan 2,700 casos de niños, niñas o adolescentes que son víctima de explotación sexual. Es un precio que este mundo no debería pagar.

Diferimos por mucho tiempo nuestros compromisos y la historia cobra intereses altos. Por suerte, existe el mandato legal para soslayar, en la política pública, la invisibilización histórica que el mundo adulto hizo de las necesidades y los derechos de la niñez. Como hemos tratado de reseñar, ésta no es una garantía total. Hay mucho camino aún para llegar a la “inclusión real”; pero es un camino de lucha política. Hay que empezar, al menos, para abrir brecha, con la incorporación del enfoque de niñez en las políticas públicas. El Estado ya no puede obviar esta obligación histórica. Nuestro futuro, nuestra sobrevivencia, penden de ello.



[1] Gobierno de El Salvador. Presentación del Plan Quinquenal de Desarrollo. GOES. 2011. Pág. 2.

[2] Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo. GOES. 2011. Pág. 12.

[3] Ibíd. Pág. 45.

[4] Ibíd. Pág. 65. Por cierto, en la página 66, donde se menciona nuevamente a la niñez pero en un gráfico, se presenta una pirámide que ilustra el Sistema de Protección Social Universal en el ciclo de la vida humana. La niñez y la adolescencia en este gráfico aparecen solo como etapas esenciales para adquirir y/o fortalecer el “capital humano” (capital y humano ¿no son, de suyo, términos contradictorios?).

[5] Ibíd. Págs. 25, 121, 122.

[6] Ibíd. Págs. 53 – 54.