lunes, 16 de septiembre de 2013

Sobre la titularización de activos y otros laberintos

Alberto Quiñónez / CEPC

Sabíamos que el capitalismo era voraz y que además su faceta financiera posee la no muy grata fama de hacer negocios con cualquier cosa, que es más eficiente y menos sucia y complicada que la producción industrial o agrícola. Sabíamos que dicen que es más refinada, más estilizada, menos problemática, mucho más rentable. Lo sabíamos o lo intuíamos, pero no lo habíamos tenido –al menos en El Salvador- tan cerca como ahora.

A mediados de este febrero (2013), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció que no podía mantener la preocupante tendencia deficitaria de sus estados financieros[1]; que, por eso, le entraba al juego de la titulación de activos y gracia-de-dios-que-existe-el-mercado. La titulación o  titularización de activos fue regulada en El Salvador por la Ley de Titularización de Activos (LTA) aprobada en 2007. La titularización se refiere al proceso en que una entidad (generadora) pone en manos de otra (administradora de títulos), cierto monto de activos (por lo general, flujos futuros; por ejemplo, ingresos que se espera tener dentro de tres o cinco años), monto por el cual recibe una cantidad de dinero que le sirve para financiar sus actividades presentes.

Tener en las manos el compromiso de una gestión futura de una empresa pública supone al menos tres cosas: a) tener garantizado el pago de la deuda emitida, que está respaldada por el Estado; b) tener garantizado que la gestión administrativa y financiera de la entidad generadora será lo más eficiente posible en términos de redituar un excedente financiero, lo cual supone que tal gestión no se enmarca necesariamente en los objetivos de desarrollo de un país sino en librar de la mejor manera los compromisos de la entidad y mantener niveles aceptables de ingresos; y, c) derivado de lo anterior, poseer un activo financiero altamente atractivo para los inversores especulativos. Estos tres elementos reproducen la lógica que la deuda asume en la fase neoliberal del sistema capitalista a nivel mundial, en donde la deuda supone una supeditación del aparato estatal a la rentabilidad que puede obtenerse en el mercado, lo cual, al ser disminuido el Estado en sus responsabilidades y funciones, se traduce en más endeudamiento generando un círculo vicioso de dependencia económica y política.

En el fondo, la titularización permite que se amplíe la órbita de influencia de las relaciones capitalistas de índole financiero. Al capital financiero se le abre cancha para rentabilizar sus inversiones a costa de los activos y la gestión de las instituciones públicas; al ceder sus activos (“enajenados”, según la terminología jurídica de este proceso), se entrega a los capitales especulativos una parte del Estado, la cual sirve de prenda para hacer apuestas a altos niveles de riesgo en las bolsas de valores.

Parecería que nadie aprende de la historia, sobre todo cuando se tienen las riendas del poder[2]. Las últimas crisis del capitalismo han tenido un fuerte componente financiero (lo cual no niega que en última instancia tienen a la base la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo y su traducción a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia). En otros países, la titularización de activos ha propiciado la profundidad de las crisis de impago y la posibilidad de que ellas se transmitan a todos los sectores de la economía de una forma más rápida. Por ejemplo, en los casos de las crisis financieras que se han sucedido en los últimos años en Estados Unidos, ha sido evidente el papel que la titularización de activos y deuda han jugado como detonadores de la recesión de los sectores productivos.

Según la LTA, la titularización da origen a fondos que serán administrados por sociedades constituidas para tal efecto. Estas sociedades, obviamente, serían parte integrante del capital financiero y, por tanto, podrían ampliar el grado de apropiación de este sector a partir de la manipulación de la deuda titulada de cualquier sector de la economía. El hecho de que, en el caso al que nos venimos refiriendo, sean activos de una entidad pública, supone recortar el papel redistributivo de la riqueza que debe tener el aparato estatal. Al poner a disposición de la programación financiera los activos del Estado y al promover el juego del capital financiero, los ingresos y los gastos de estas entidades públicas tienden a fluir hacia las arcas privadas, entorpeciendo la efectividad de las políticas económicas y sociales que puedan beneficiar a la clase trabajadora.

La generación de liquidez a partir de cualquier activo puede comprometer sectores como la Construcción, el Transporte o incluso la Agricultura, cuya percepción de ingresos es baja o tendiente a la baja. Si estos sectores liquidan sus activos y se enfrentan a una crisis de impago por reducción del consumo (una variable que en el caso salvadoreño depende mucho de la coyuntura de los Estados Unidos), podrían perder altos porcentajes de su riqueza generando un efecto dominó sobre la economía en su conjunto, debido a su alta participación en la generación social del valor. Sucedáneamente, existiría una centralización del capital en el sector financiero en detrimento de los sectores productivos, lo cual incidiría negativamente en el proceso de acumulación en el mediano plazo. Ello profundizaría la tendencia hacia la financiarización de la economía salvadoreña y potenciaría la centralización del capital en el sector financiero.

En este sentido, es de hacer notar el papel jugado por los administradores de los fondos de inversión. Según señalan Gutiérrez y Albarracín, para casos de países europeos y norteamericanos, “la intervención del fondo de inversión en las empresas adquiridas se ha caracterizado por trasladar deudas, vender el máximo de activos patrimoniales, situándolas en una situación descapitalizada, tras succionar las reservas por la red articulada –vía precios transferencia, préstamos cruzados, dividendos pasivos, repercusiones de costes, etc.- de empresas participadas”[3]. En otras palabras, se abre la vía para que legalmente se incremente el grado de concentración y centralización del capital, ya sea que estos procesos se realicen entre capitalistas nacionales o extranjeros.

Vale mencionar que en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que el Estado salvadoreño ha implementado, la regulación de entidades extranjeras orientadas a la administración de activos titulados se vuelve una operación casi imposible dado que podría afectar sus ganancias o expectativas de ganancias, lo cual es sancionado por Tratados como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y otros en vistas de aprobación (como el Acuerdo de Asociación, ADA, con la Unión Europea).

El CAFTA-DR contempla el hecho de que los servicios financieros, que asumen la misma categoría y beneficios que los demás tipos de inversión, no puedan ser regulados pues supondría formas de expropiación directa o indirecta de su propiedad tangible, intangible o sus expectativas de ganancia. El mecanismo de solución son los tribunales internacionales en materia de inversión como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que no tiene nada de imparcial y que al estar adscrito al Banco Mundial se encuentra sujeto a las exigencias de la viabilización del capitalismo a nivel mundial.

En El Salvador, desde 2011 se anunció que algunas administraciones municipales y empresas públicas podrían masificar la titulación de sus activos (tal como hemos visto y ya está sucediendo), de modo que pudiera crearse un sistema de autofinanciamiento que aliviara la tensión de las finanzas públicas. No obstante, tras la “excusa” fiscal se encuentra la posibilidad de crear vehículos bastante eficientes para la privatización u orientación privada de empresas e instituciones públicas relevantes y con ello, de asumir una lógica mercantil en muchos de los servicios que éstas prestan a la población, de aumentar el costo de servicios prestados por las alcaldías, entre otros efectos nocivos para la calidad de vida de la población.

La LTA establece en sus considerandos que “es interés del Estado promover el desarrollo económico y social, generando condiciones para contar con un sistema financiero eficiente que ofrezca diferentes opciones de financiamiento a los sectores productivos del país”. Sin embargo, lejos de propiciar el desarrollo mediante el financiamiento oportuno, la titularización afecta la posibilidad de los agentes económicos de acceder a recursos financieros con un criterio de rentabilidad de largo plazo.

Por definición, la titularización es un mecanismo de financiamiento de corto plazo y exige una alta rentabilidad de los activos que se titularicen. De lo contrario, en un entorno de competencia creciente, la titularización pierde su razón de ser frente a las posibilidades de expansión de los capitales corporativos internacionales. De ahí que dicho mecanismo no pueda ser utilizado en el marco de una política real de planificación del desarrollo nacional.

Hay mucho de retroceso en este proceso. Y todo retroceso tiene sus costes. Para salir del neoliberalismo y, paulatinamente, enrumbar las políticas públicas hacia un sistema distinto al capitalismo, hay que abandonar esa urgencia, ese inmediatismo que además está preñado de la plétora del capital. No hemos comprendido que el capitalismo es un laberinto sin hilo de Ariadna y con, no uno, sino muchos minotauros.





[1] La Prensa Gráfica. “CEPA reporta utilidades tras tres años de pérdidas”. Febrero, 2013. Nota en: http://www.laprensagrafica.com/cepa-reporta-utilidades-tras-tres-anos-de-perdidas.
[2] Ya decía Hegel, hace casi dos siglos, que “pueblos y gobernantes nunca aprendieron nada del acontecer histórico ni han seguido las lecciones que hubiesen podido extraerse del pasado”. Hegel, G. F. Filosofía de la historia. Claridad. 2008. Pág. 13.
[3] Gutiérrez, Eduardo y Albarracín, Daniel. “Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis civilizatoria”. Mimeo. Sin fecha. Pág. 10. 

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